El anuncio realizado por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, del lanzamiento de un programa de compra de bonos soberanos con el fin de combatir la amenaza de la deflación en la eurozona y reactivar la maltrecha economía de Europa no ha podido sorprender a nadie y de ahí su relativo impacto en los mercados. Se daba por descontada desde la anterior reunión del consejo de gobierno del BCE el pasado mes de diciembre, cuando Draghi advirtió de los preparativos de nuevas medidas de estímulo monetario. Al BCE -que ya en 2012 anunció que emplearía todas las herramientas necesarias para proteger el euro- únicamente le quedaba sin utilizar la compra de deuda, tanto pública como privada. Si acaso, lo que ha provocado un cierto y limitado movimiento es el alcance del programa, que de cumplir las previsiones y plazos adelantados por Draghi -60.000 millones de euros al mes al menos hasta setiembre de 2016- superará el billón de euros, más del doble de lo que preveían los analistas. Ahora bien, ese volumen y el horizonte abierto a prórrogas que el presidente del BCE dejó ayer en su intervención no impiden analizar el programa tanto por su formato como por sus posibles consecuencias. Draghi ha impuesto sus tesis sólo hasta cierto punto, dado que el límite compartido del riesgo por posible pérdidas se sitúa en el 20% y el 80% restante deberá ser afrontado por cada banco central del país emisor, lo que responde a las permanentes reticencias de Alemania. De las consecuencias del programa, más allá de las inmediatas -desde su anuncio hace más de un mes, el abaratamiento del euro y la caída de los intereses de deuda son un hecho-, hay serias dudas sobre su efecto a medio plazo en la inflación, visto lo acontecido en sus respectivos países tras la implantación de planes similares por la Reserva Federal de EEUU o el Banco de Japón y el efecto de la caída del precio del crudo. Y respecto al impulso económico, el problema no es la falta de liquidez, por cuanto que hoy existe sobradamente en el sector financiero, sino la ausencia de un plan de inversiones suficientemente potente y de una verdadera unión fiscal europea. Mientras tanto, ya hay cálculos de que la puesta en marcha del programa provocará un aumento de cuatro décimas en el IPC que, una vez más, acabará pagando el ciudadano.