la detención de 16 personas implicadas en la defensa de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale reproduce los ritos que se reproducen periódicamente mientras el proceso del fin de las violencias permanece estancado en los inmovilismos del Gobierno y de ETA. Esta nueva operación político-judicial parece otro ejercicio de humo para desviar la atención social de los problemas que se le acumulan al Gobierno del PP o para sacar pecho ante la presión de los sectores, asociaciones de víctimas y medios de la ultraderecha española. A la espera de los resultados judiciales y de las pruebas objetivas que puedan avalar semejante despliegue, no se puede olvidar que actuaciones similares -también con impulso, apoyo político y mediático del aparato de propaganda del Ministerio del Interior- han acabado con la absolución de los detenidos o incluso no llegó a haber posterior procesamiento. De hecho, las acusaciones de delito fiscal cuestionarían la intervención de la Audiencia Nacional teniendo en cuenta que podrían afectar, de ser verdaderas, a las haciendas forales vascas, además de que las detenciones no se han llevado a cabo de modo similar contra delitos incluso de mayor cuantía en los que se han visto implicados responsables de altas instituciones del Estado en pleno caos de corrupción generalizada. Ni tampoco se puede olvidar el contexto de la operación, apenas dos días después de la manifestación anual en favor de los derechos de los presos, el mismo día en que se iniciaba otro macrojuicio contra 35 dirigentes de la izquierda abertzale -en el que varios de los abogados detenidos eran defensores- y un día antes de que el Tribunal Supremo delibere sobre la aplicación de las penas cumplidas en otros Estados de la UE. Y la misma semana en que la AVT -el colectivo más extremista de víctimas del terrorismo- ha convocado una manifestación contra lo que considera dejadez judicial y penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy. Parece obvio el interés propagandístico y electoralista del PP en alimentar una pose de fortaleza ante una actividad terrorista que ya ha dejado de formar parte, afortunadamente, de la realidad cotidiana y de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y reitera las dudas en el interés del Gobierno del PP en cerrar la fase final del terrorismo de ETA tres años después de su final.