Veinticinco años después de que, también en medio de una grave crisis económica y en un periodo histórico especialmente convulso, Euskadi aprobara una inédita Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -instrumento que está sirviendo de forma especialmente activa para asegurar la cohesión y evitar la exclusión social en momentos muy difíciles y que sirve de modelo para otras instituciones y organizaciones que quisieran implantarlo-, las instituciones vascas han vuelto a marcar un verdadero hito en el terreno de los servicios sociales, con especial atención a las personas más vulnerables o desfavorecidas. El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, firmaron el viernes un acuerdo sin precedentes para la próxima aprobación de la Ley de Servicios Sociales, que sin duda será una vez más pionera en el Estado y una de las más avanzadas de Europa. El acuerdo tiene varios aspectos que lo convierten en histórico y que marcan la diferencia. En primer lugar, que se trata de un pacto alcanzado por consenso entre instituciones gobernadas por partidos de muy diferente color político, lo que le dota de mayor consistencia. De hecho, solo ha habido un cierto desmarque, casi cosmético, del PSE. Además, no se trata de una mera declaración de intenciones, sino que tiene prevista su correspondiente dotación económica, que en 2017 alcanzará la nada desdeñable cifra de 1.100 millones de euros. En cuanto a su contenido, supone una concepción no solo novedosa sino un extraordinario salto cualitativo en cuanto a la garantía de alcance de los servicios sociales, ya que estos se convierten en derechos subjetivos, con lo que pueden ser exigibles ante la ley más allá de que tengan consignada una determinada dotación presupuestaria, ya que su cobertura económica estará, en cualquier caso, garantizada. Esto significa que las prestaciones objeto de la ley pasan a tener similar garantía de percepción que, por ejemplo, la sanidad y la educación. Solo por estos aspectos, el acuerdo -que, obviamente, incluye más elementos como la homogeneización de los diferentes sistemas que históricamente han ido desarrollando las instituciones vascas- viene a abrir una nueva etapa en la cohesión social de Euskadi -de nuevo a la vanguardia- y ha sido posible gracias al esfuerzo común al que no ha sido ajena la labor del consejero Juan María Aburto.
