en un mismo día, el informe pericial de los técnicos del Banco de España demuestra que Bankia salió a Bolsa con sus cuentas falseadas es finalmente, destituido el consejero de Salud del Gobierno del PP en Madrid -tras sucesivas y reiteradas faltas de respeto a la auxiliar de enfermería afectada de ébola, Teresa Romero- y la Universidad de Málaga suspende de empleo y sueldo al portavoz de Podemos, Iñigo Errejón, y al director del proyecto por el que estaba becado en ese centro universitario, también dirigente del mismo partido. Evidentemente, el alcance de cada información no es equiparable en cuanto a la cuantía de los presuntos desaguisados que las rodean y componen, pero todas ellas en un mismo recipiente informativo muestran el alcance del deterioro de la democracia en el Estado español. Y coinciden con la publicación de los datos del barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas, que marcan un nuevo hito histórico de la corrupción como preocupación de los ciudadanos encuestados, citada como principal problema que existe en España con un 63%, sólo superada por el desempleo con el 77%. El informe sobre la salida a Bankia pone sobre la mesa un sistema de falsificación y engaño generalizado, que afecta tanto a los principales directivos de la entidad como al propio Banco de España que avaló la operación y a la auditora que incumplió la mayor parte de los principios básicos de un trabajo independiente con un alto coste para inversores, clientes y preferentistas. Que Rodrigo Rato y el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, hubieran avalado errores de bulto en sus respectivas cuentas sólo incide en la enorme impostura que ha supuesto un rescate bancario de decenas de miles de millones de euros. La destitución de Javier Rodríguez es simplemente una decisión obligada ante la falta de respeto y mínima educación de un señor de maneras y actos impresentables. El PP llega muy tarde. Y posiblemente el expediente a Errejón, más allá de desvelar un sistema clientelar y amiguista en el ámbito universitario, fruto de un sistema de contratación obsoleto y burocratizado, suponga un intento de equilibrar la pérdida de credibilidad del régimen del 78 ante las cada vez más evidentes pruebas de su decadente final y, de paso, atizar a Podemos con su propia medicina. Un estado de cosas un día cualquiera que explica el porqué de la creciente preocupación ciudadana.
