cáritas volvió ayer a poner en la primera línea de la actualidad informativa -en su Informe Foessa que publica anualmente sobre exclusión y desarrollo social en el País Vasco- la cruda realidad que viven miles de familias vascas. Si en los primeros años de la crisis la organización diocesana comenzó a alertar sobre la nueva pobreza en la que estaban callendo numerosas familias encuadradas hasta entonces en lo que se considera la extensa clase media, con las cifras que aportó ayer llueve sobre mojado. Pero no por acostumbrados estos datos dejan de resultar inquietantes ante las necesidades sociales que padece Euskadi. Bien es cierto que el informe de Cáritas constata que el 83% de los vascos -nueve puntos por encima de la media estatal- no sufre exclusión social, pero también alerta de que más de un 45% -casi un millón de personas- corre riesgo de caer en situaciones de pobreza moderada o severa al encontrarse en situación de vulnerabilidad si se sigue prolongando un escenario de altas tasas de desempleo, precariedad laboral y recortes en los servicios públicos. La aparente contradicción entre ambos datos evidencia que miles de familias aguantan gracias al apoyo de los sistemas de protección social -que en Euskadi se han mantenido históricamente en niveles punteros- y que las tentaciones de recortarlos -que parecen inspirar a las últimas propuestas del PP- pueden acarrear dramáticas consecuencias humanas. La torticera polémica abierta por el PP alavés acerca de las ayudas sociales que perciben los inmigrantes extranjeros o sobre los supuestos casos de fraude -que nunca se llegan a cuantificar- se queda al final en una anécdota ante la realidad que dibuja el Informe Foessa de Cáritas. El discurso de los responsables en Álava de esta activa institución diocesana Santos Gil y Ramón Ibeas ha insistido en los últimos meses en la necesidad de fortalecer los sistemas de protección e inserción y las redes de solidaridad para fomentar la cohesión social en lugar de buscar chivos expiatorios y pretextos para los recortes. De ahí que el debate se deba centrar más en las fórmulas para apuntalar la eficiencia de los servicios sociales, para garantizar su financiación pública o para movilizar los recursos destinados a la inserción laboral que en la búsqueda inquisitorial del fraude entre inmigrantes.