Tras cinco años sin atentados de ETA, y tres después de que esta anunciara formalmente su renunciaba definitiva al uso de la violencia, la ciudadanía vasca se ha acostumbrado a vivir sin el sobresalto de los atentados, los secuestros y las amenazas, y considera, de forma mayoritaria, superado el problema de la violencia terrorista. Efectivamente, es mucho lo que en este breve espacio de tiempo se ha avanzado. A la liberación que las personas y colectivos que más sufrieron la presión de la violencia habrán sentido, hay que sumar la superación de la crispación que durante décadas había azotado a la sociedad vasca en general. Así mismo, todas las opciones políticas vascas han podido presentarse con sus siglas legalizadas a los cuatro últimos procesos electorales que se han celebrado en la CAV y Navarra, y los ciudadanos observamos que nuestros representantes políticos conviven, discuten, acuerdan y dialogan en todos los foros institucionales en los que están representados. Al mismo tiempo, el Gobierno de Urkullu ha puesto en marcha el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, que, sin obviar el debate político que lo rodea, va avanzando, paso a paso, en el cumplimiento de los objetivos parciales que contiene. Pero el hecho de que los avances percibidos y constatables sea patente no significa que no quede tarea por hacer y que no quepa exigir más tanto a ETA como a los agentes institucionales, políticos y sociales, responsables en última instancia de ordenar la convivencia en nuestra sociedad. El primer apelado es sin duda ETA y todo el colectivo político y social que integró el denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, líder y animador de la acción violenta. No es comprensible que ETA no haya dado pasos definitivos en su desarme, menos aún después de las patéticas situaciones que se produjeron tras la escenificación de su primera entrega de armas. Tampoco es comprensible que el diálogo entre los ejecutivos vasco y central se encuentre empantanado en este asunto y que el Gobierno de Rajoy no se quiera dar por enterado del nuevo tiempo que vive la sociedad vasca y se mantenga en las mismas posiciones que adoptó ya en 1993, cuando Aznar, jaleado por Mayor Oreja, decidió descolgarse de los acuerdos de Ajuria Enea. Esta sociedad que tanto ha ansiado la paz se merece otra consideración.