La retención desde la noche del miércoles por la Policía norirlandesa (PSNI) del presidente del Sinn Féin y diputado de esta formación en el parlamento de la República de Irlanda, Gerry Adams, para ser interrogado sobre su presunta responsabilidad en el secuestro, asesinato y desaparición en 1972 por el IRA de Jean McConville -viuda de un militar británico católico y madre de diez hijos acusada de colaboracionismo por los republicanos irlandeses-, ha traído a la actualidad los casos de al menos 16 desaparecidos a manos del IRA durante los troubles irlandeses; pero también desatado la polémica sobre los límites del perdón y el olvido, conceptos siempre implicados en un proceso de paz que como el norirlandés se pretende exitoso. En ese contexto, nadie puede ni debe cuestionar el relevante papel de Adams en la muy dificultosa travesía que llevó al Sinn Féin de justificar y amparar la violencia armada contra los británicos a compartir el Gobierno de Irlanda del Norte con los unionistas y al IRA a deponer primero y entregar después las armas. Ahora bien, reconocer dicha trayectoria no supone ignorar las declaraciones de dos relevantes miembros del IRA, Dolours Price y Brendan Hughes -en su día líderes de la dramática campaña de huelga de hambre de los presos republicanos- que de distinto modo señalaron la responsabilidad de Adams en la desaparición de McConville. Que ambos hayan muerto, Dolours Price en circunstancias no del todo nítidas, y no puedan testificar o que de los otros seis exmiembros del IRA interrogados cinco hayan quedado en libertad sin cargos, no significa que Adams no deba encarar, en su caso, las consecuencias de haber dirigido durante años una de las varias expresiones violentas del conflicto del norte de Irlanda. Especialmente en el terreno de la verdad, concepto también indispensable en todo proceso de paz similar al irlandés. La paz, el trabajo en favor de esta o incluso la prescripción de los presuntos delitos cometidos en el transcurso de una actividad violenta que ahora se admite equivocada ni son ni deber ser contrapeso del derecho de las víctimas -en este caso los hijos de Jean McConville y las familias del resto de los desaparecidos- a conocer la verdad de lo sucedido. Porque solo desde el conocimiento de la misma pueden aplicarse medidas paliativas de sus consecuencias, ya que no desde el punto de vista humano, sí al menos en su vertiente social.