"la consulta no se hará porque es ilegal y la Constitución no lo permite". Este es el mantra que repiten sin cesar los miembros del Gobierno español y los dirigentes del PP y del PSOE. Es la respuesta al acuerdo alcanzado entre CiU, ER, ICV y la CUP por el que se fija la doble pregunta de la consulta en Catalunya y la fecha de celebración el 9 de noviembre de 2014. La respuesta del Gobierno español -que incluye también la dosis del miedo habitual- y de todos aquellos que se oponen ya se esperaba, aunque quizás el gobierno de Artur Mas confiaba en que dejara una puerta abierta a poder realizar una consulta acordada. Pero la contundencia del Gobierno español no disminuye el impacto de un acuerdo consensuado por cuatro grupos parlamentarios que en total suman 87 diputados, el 64,4% de la Cámara. Y habrá que ver todavía el comportamiento de los 20 diputados del PSC el día de la votación, porque algunos miembros del sector crítico ya han manifestado que es una pregunta asumible y que deja espacio para una tercera vía, por la que también suspira Josep Antoni Duran i Lleida desde UDC, aunque no así un núcleo independentista importante de su partido.
La doble pregunta es resultado de un consenso para encontrar el mínimo común denominador que concite el mayor respaldo posible. Es, sin duda, lo que está exigiendo la ciudadanía de Catalunya y el mandato que salió de las urnas. Todos han hecho concesiones hasta llegar a una fórmula que contempla casi todas las opciones: una mayoría del no en la primera pregunta ratificaría permanecer en el statu quo actual y una mayoría del sí daría paso a la segunda pregunta, que decidiría qué tipo de Estado se prefiere, independiente o de otro tipo entre confederal o federal. En todo caso, la doble pregunta responde a una petición claramente mayoritaria entre los ciudadanos catalanes que quieren ser consultados.
Los argumentos legales para prohibir la consulta son bastante débiles. Por una parte, es discutible que la Constitución la prohíba. Por el contrario, existen cinco vías legales: los referéndums regulados y convocados por el Estado de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución; la delegación o transferencia de competencias como dispone su artículo 150.2; los referéndums previstos en la Ley catalana 4/2010; la actual ley de consultas que tramita el Parlament de Catalunya; y la reforma de la Constitución. El problema es político, no jurídico; y ahí radica la debilidad del argumento. Por otra parte, contraponer el Estado de Derecho al principio democrático de ejercer el derecho a decidir es una cuestión que resolvió la Corte Suprema de Canadá en 1998, dictaminando que en caso de colisión debía prevalecer siempre el principio democrático, pues sin éste no existe el segundo.
A diferencia de la reacción que se observa en PP y PSOE, en Catalunya son muchos los que dan por hecho que si no es posible realizar la consulta después de haber agotado todos los argumentos jurídicos y políticos, no cabrá otra salida que convocar elecciones avanzadas de carácter plebiscitario y, en caso de obtener una mayoría muy clara las fuerzas políticas partidarias de la consulta, pedir amparo a la UE y a las Naciones Unidas para poder realizar un referéndum de autodeterminación.
En última instancia, el Gobierno español puede incluso suprimir la autonomía de Catalunya interpretando abusivamente el artículo 155 de la Constitución. Sería un triple error. Por un lado, no dejaría otra alternativa a aquellos sectores de UDC y ICV que creen que todavía es posible pactar un modelo confederal o federal que decantarse por la independencia. Y el PSC se encontraría en una encrucijada sin salida. Por otro, en la UE y en otros países democráticos de la comunidad internacional quedaría afectada la imagen del Gobierno español. No parece muy admisible que un gobierno democrático responda a la petición de una mayoría de ciudadanos de una comunidad de celebrar una consulta suprimiendo el régimen de autonomía. Por último, no solucionaría el conflicto político, sólo lo postergaría. Per, claro, el Estado español no es Canadá ni el Reino Unido.
Al final, sin embargo, lo más relevante no es si la consulta se llevará a cabo en los términos previstos, ni tan siquiera si se llevará a cabo, sino la voluntad unitaria que expresa dicho acuerdo, que se corresponde con el mandato de las urnas. En otras palabras, aunque desde el Gobierno y los partidos españoles no se quiera entender, el tema de la independencia de Catalunya ha venido para quedarse porque es compartido por una mayoría creciente de ciudadanos catalanes. Sobre la mayoría silenciosa que -según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría- no se expresa, hay una respuesta clara: consultar a esa mayoría silenciosa. Esa es la fuerza que esgrime una mayoría de la sociedad catalana, aplicar simplemente el sentido común. Y en Catalunya existe el convencimiento de que, mientras esa fuerza persista y siga siendo tan mayoritaria y transversal, por medios pacíficos y democráticos todo es posible.
