propone el Gobierno una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, básicamente, aumenta la represión y las multas sobre todo aquél que proteste. "Ya no nos queda ni el derecho al pataleo", me comentaba consternado un amigo al que han echado del trabajo y al que, mucho se teme, acabarán desahuciándole si no encuentra pronto otro curro con el que poder seguir haciendo frente a la hipoteca. Como ya sabrán, en la nueva ley las multas por ultrajar a España pueden ascender hasta 30.000 euros. Nada personal, todo legal. "Pues eso, que se acercan nuevos recortes, las elecciones o yo que sé y nos quieren calladitos y resignados. En casita, el que la tenga, y sin alzar la voz", insiste mi amigo. No sé yo hasta dónde querrá llegar Jorge Fernández Díaz con este nuevo regreso al pasado. Lo que sí sé es que el ministro ha sido el primero en incumplir su propia ley cuando dijo aquello de que hay cosas malas que sí pasan con la Ertzaintza, cosas que no pasarían si dependiera de la Guardia Civil o la Policía Nacional. La norma advierte de que también se multará con hasta 30.000 euros las ofensas a las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos. Es lo que ha hecho él acusando a la Ertzaintza de cómplice en no se qué homenajes. Luego ha pedido perdón, claro, pero supongo que no pretenderá librarse de la sanción con un "¡uy, se me escapó!" Estaríamos hablando de un trato preferente con respecto al populacho. ¿O bastará con que nos disculpamos para evitar las multas?
