BLOQUEO debido a la ausencia absoluta de pasos por parte de los agentes implicados ante la indiferencia generalizada de la ciudadanía. Este podría ser -con matices, por supuesto- el diagnóstico de la situación actual del denominado proceso de pacificación en Euskadi, cuando se cumplen hoy dos años del anuncio por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada. Dos años caracterizados por un nuevo clima político y social en nuestro país, que vive con tanta naturalidad como satisfacción el día a día sin atentados, sin asesinatos, sin violencia. Esta circunstancia bastaría para que el balance general de estos últimos 24 meses fuese altamente positivo, tanto por ese nuevo clima como por las consecuencias que la desaparición de ETA de la escena ha propiciado para la izquierda abertzale, que se ha reincorporado a la vida política desde la plena legalidad -con lo que el Parlamento ha vuelto a reflejar la realidad ideológica del país- y, no sin grandes dificultades, sigue peleando por constituirse desde la acción exclusivamente política en la vanguardia del movimiento radical. Sin embargo, estos aspectos sin duda positivos no bastan para eclipsar la realidad de un proceso que en realidad nunca ha terminado de arrancar y que debe tener como objetivo final la consolidación definitiva de la paz mediante el desarme, disolución y desaparición de ETA y la apertura de un nuevo tiempo de convivencia pacífica basado en los principios de respeto a la memoria, a la verdad de lo sucedido y a los derechos humanos y al resarcimiento a las víctimas. Y aquí es donde en estos dos años apenas se ha avanzado pese a que se han puesto en marcha diversas iniciativas. El núcleo central del problema radica en que ni ETA ni el Gobierno español han dado pasos firmes hacia los objetivos que parecían bien fijados ya en la Conferencia de Aiete que dio paso al fin de la violencia: desarme y solución a las denominadas "consecuencias del conflicto", es decir, las víctimas y los presos. Nada se ha movido. Las posiciones se mantienen, tanto en la política penitenciaria del Gobierno como en la resistencia al desarme y a que los presos puedan acceder libremente a beneficios carcelarios. Paradójicamente, pueden ser los jueces europeos quienes, mañana mismo, puedan dar el impulso necesario a un proceso que de lo contrario amenaza con enquistarse.
