el Gobierno Rajoy ha dictado ya un compendio de más de una docena de decretos, órdenes ministeriales y normativas que han alterado el mercado eléctrico, pero no ha conseguido contentar a nadie. Por el contrario, la reforma energética que aborda el PP presenta, al menos, dos defectos perversos. Por un lado, no soluciona el problema del déficit tarifario que el Estado español viene acumulando a raíz de la decisión del Gobierno Aznar de no incrementar los precios, generando así una deuda a pagar a las empresas eléctricas durante 25 años, un montante que hoy supera los 26.000 millones de euros y se estima que este año crecerá en otros 3.000. Por otro, no entra ni siquiera a analizar el principal problema del mercado energético estatal, en el que las compañías privadas controlan tanto la generación como el transporte y la comercialización de la electricidad. Muy al contrario, a través de los peajes de acceso, con los que se encarece especialmente la parte fija del recibo de la luz -la relativa a la potencia-, traslada de nuevo el déficit de tarifa a los más de 22 millones de consumidores, que ya pagan la tercera electricidad más cara de la Unión Europea, después de que su coste en el Estado español haya aumentado ya un 69% en la última década, frente al 13% de la zona euro. Y ello contribuye lógicamente a la caída de la demanda, que ya es de más del 3%, por mucho que el Ministerio de Industria y Energía que dirige José Manuel Soria pretenda acotarlo al 1,5%. En consecuencia permite a las propias eléctricas mostrar malestar. Pero es que, además, este incremento en el precio de la energía condiciona sobremanera la capacidad de quien debe ser motor de la recuperación económica, la industria, que afrontará una nueva subida de en torno al 20%en el precio de sus suministros eléctricos, cuando esta tarifa es la cuarta más cara de la UE. Una tendencia que contradice todas las políticas económicas del propio Gobierno Rajoy y su pretendida exigencia de una mayor competitividad, bastante lastrada ya por las diferentes condiciones de financiación respecto de sus competidores. En definitiva, la reforma energética del ministro Soria no soluciona el problema que pretendía y contribuye a otro en proporciones y con consecuencias impredecibles.
