la constatación por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de que, transcurridos ya 18 meses sin actividad armada de ETA, la situación de amenaza a la integridad física que se cernía sobre determinadas personas y sectores de la sociedad -entre ellos varios profesores de la Universidad del País Vasco- puede considerarse superada, constatación que se ratifica a través de las indicaciones y decisiones del Ministerio del Interior en ámbitos como el de la protección personal y las escoltas, supone la confirmación de una excelente noticia. Esta situación deriva en la práctica en un nuevo clima de normalización de la actividad cotidiana en nuestro país en todos los ámbitos. Y en ese sentido, la comunicación de tal circunstancia por la UPV/EHU a los profesores que abandonaron Euskadi bajo el razonamiento -verificado o no- de una amenaza terrorista directa, junto al ofrecimiento para que todos ellos vuelvan a ocupar su actividad académica en la Universidad pública vasca, es una consecuencia lógica de esa normalización. También es una demostración evidente del respeto a las víctimas de la violencia de ETA o de la presión política y a la pluralidad ideológica, más si cabe en el caso universitario como una institución representativa de la libertad de pensamiento, del desarrollo social y motor del futuro a través de la actividad investigadora. El ofrecimiento realizado por la UPV, por tanto, no sólo devuelve a determinados profesores lo que la amenaza de la violencia nunca debió arrebatar, sino que lo hace consciente de que se trata de compensar un agravio por encima de posibles problemas que puedan surgir en torno a disparidades, intencionadas comparaciones o incluso, en tiempos de una crisis que afecta también de forma importante a la administración de la Universidad, a pesar de las críticas a la gestión de los recursos. Corresponde ahora al resto de la comunidad universitaria dar continuidad, con una actitud abierta y a pie de campus, al paso que ha dado el equipo de gobierno que lidera el rector Iñaki Goirizelaia. Y en el caso de los mismos profesores afectados, cabe esperar el compromiso de no prolongar situaciones que son precisamente lo contrario a lo que exige un proceso de normalización de la convivencia social.
