mediados de enero del año 49 aC. Rompiendo una vieja regla romana, Julio César cruza el Rubicón para enfrentarse al Senado y a Pompeyo. Con este acto -alea iacta est- estalla una contienda bélica entre dos eficientes generales y pragmáticos políticos; una guerra civil que supuso el penúltimo capítulo de la República romana, maltrecha tras medio siglo de sangrientas luchas entre los dos frentes en que se había dividido Roma.

La competencia entre Pompeyo y Julio César les empujó a obtener conquistas, honores y riquezas, uno por oriente y el otro por occidente, que reportaron un enorme flujo de ingresos para la economía de Roma. Esta bonanza enmascaraba graves problemas y desigualdades del sistema económico, financiero y social. Los precios subían sin parar y se prestaba dinero con mucha facilidad, pues todo lo soportaba la continua llegada de oro y esclavos de los territorios expoliados en Hispania, Galia, Britania, Siria, Palestina, Persia o Egipto. En esa aparente prosperidad casi cualquier negocio funcionaba, eso sí, acumulando cuantiosas deudas por medio de préstamos y créditos. La abundancia de ingresos aplacó momentáneamente la tensión entre las clases sociales privilegiadas (patricios y equites) y el resto del pueblo.

Tras sus exitosas campañas de expansión territorial, los dos caudillos trataron de hacer valer sus victorias y su liderazgo en Roma. Durante siete años compartieron triunvirato con Craso. Al fallecer éste, Pompeyo fue designado protector del Senado frente a un ascendente Julio César, que se hacía aclamar protector del pueblo de Roma. Con ello se daban las condiciones para un choque predestinado.

Y los dados rodaron a favor de Julio César, que desde el inicio controló la ciudad de Roma, aunque la contienda se prolongó cinco años. La guerra civil provocó una severa crisis económica. El oro de los territorios conquistados ya no llegaba a los mercados y muchas fortunas huyeron de Roma. Como había que abastecer dos ejércitos, los alimentos y bienes de consumo se encarecieron extraordinariamente. Enseguida afloró la falta de liquidez: "los acreedores no lograban cobrar el dinero de las deudas a pesar de emplear contra sus deudores las medidas más rigurosas", explicaba Dion Casio, cien años más tarde. De este modo, las enormes deudas de la época de bonanza seguían creciendo hasta el punto de que los deudores "dejaban los bienes hipotecados en estado de abandono", lo que provocó la caída del valor de los inmuebles.

Julio César, tras sus primeras victorias, se mostró como un reformador casi revolucionario. Con el problema de las deudas, podría haber aprovechado su victoria para aplicar una medida de gracia y decretar la cancelación de todas ellas. Así se lo exigían sus propios partidarios y así lo hicieron otros muchos gobernantes anteriores. Pero Julio César, en lugar de parches efectistas, aplicó su empeño reformador: estableció límites a los intereses de los préstamos (Lex Iulia de pecunnis mutuis), limitó el incremento de la renta de los alquileres (Lex Iulia de mercedibus habitationum annuis) y adoptó severas medidas de control del gasto (Lex Iulia sumptuaria).

Pero la falta de liquidez era tan grave que "los deudores no lograban vender sus bienes para hacer frente al pago de las deudas". Por ello promulgó la Lex Iulia de modo credendi, que exigía a todos los ciudadanos romanos tener el 60% de su capital en Italia, lo que obligó a volver a muchas fortunas.

Y, finalmente, acometió una profunda reforma del sistema de reclamación de deudas. El momento requería una solución inmediata a la falta de liquidez, pero también el sistema jurídico precisaba moderar el abusivo poder de los acreedores en el cobro de las deudas. Para ello, la Lex Iulia de bonis cedendis establecía una serie de medidas para ordenar el embargo y la subasta del patrimonio del deudor, de modo que se eliminaba la condena a la esclavitud del deudor insolvente.

Pero, además, se impuso a los acreedores la obligación de aceptar la entrega de bienes como pago de las deudas (datio in solutum legal o necesaria) que se habían visto agravadas por la crisis económica; de este modo, se designaron árbitros que debían establecer un precio adecuado para los bienes inmuebles entregados para pagar las deudas, teniendo en cuenta la alteración de los precios sufrida durante la guerra. Se trataba de que ni los deudores quedasen lastrados con deudas insalvables, ni los acreedores tuvieran que asumir todas las consecuencias. Con esta dación en pago necesaria, Julio César rompía una vieja regla romana -aliud pro alio invicto creditori solvi non potest- que impedía pagar con algo distinto a lo pactado.

La dación en pago necesaria y las medidas que afectaban a las clases adineradas no sobrevivieron a Julio César. En el año 44 aC fue asesinado por un grupo de senadores liderado por Bruto, hijo de su amante, al que había adoptado. Este asesinato se explica como un tiranicidio para restaurar la vieja República, una conspiración para poner fin al poder absoluto de Julio César. Sin embargo, Cicerón señala a Bruto como un despiadado prestamista de créditos abusivos (a la ciudad de Salamina al 48%), por lo que se habría visto perjudicado con el límite en el interés de los préstamos y el retorno de riquezas a Roma, lo que apunta a que, en la conspiración para asesinar a Julio César, pudo haber otros motivos mucho más reales que el simple ideal republicano.