LA absolución por la Audiencia Provincial de Álava de los tres acusados de un delito continuado de violación de secretos en el denominado caso Telleria supone otro fiasco para el fiscal Josu Izaguirre, quien como principal hipótesis de trabajo había venido dibujando durante la instrucción una sofisticada historia sobre una presunta trama política en torno a la Ertzaintza y al núcleo de dirección del PNV alavés que dirigía Iñaki Gerenabarrena; historia que, sorteando el secreto sumarial, jalearon y amplificaron determinados medios en una campaña de desgaste político-electoral. Dicha hipótesis, además, la culminó el fiscal el primer día de la vista oral con un discurso grandilocuente en el que recurría a una también extraña teoría de la conspiración para denunciar presiones durante la investigación. Sin embargo, las premisas en que se basó ésta quedan ahora desbaratadas por una sentencia que pone de manifiesto no haber hallado pruebas concluyentes y que, en cualquier caso, considera los hechos relatados en la acusación muy lejos de los graves delitos planteados en la petición fiscal de cuatro años de cárcel. Porque, aunque el fallo (dictado 14 días después de que la causa quedara vista para sentencia) considere que la tesis del fiscal "puede ser verosímil", afirma tajantemente que "no está probado" que dos agentes de la Ertzaintza recabaran información sobre representantes políticos y empresariales para hacérsela llegar a Aitor Telleria. Y ello lleva al tribunal a fallar in dubio pro reo respecto a una supuesta práctica que, con independencia del uso que se diera a la información sería suficientemente grave como para emitir una severa censura política similar a la que el propio Iñigo Urkullu, presidente del EBB cuando se inició la investigación, efectuó al afirmar que "espiar, valerse de información personal para utilizarla políticamente, es ética y políticamente repudiable y asqueroso". En cualquier caso y más allá de la sentencia, la ausencia de elementos probatorios cuestiona la diligencia fiscal y desmonta la acusación de que tales prácticas, aun en el caso de haberse producido, fuesen delictivas. Mucho más que respondieran a una trama organizada. Y, al tiempo, delata la costumbre tan extendida en casos relacionados con la política de amplificar meras acusaciones hasta convertirlas ante la opinión pública en delito.
