sonaba en apariencia a sarcasmo que el mismo día que se iba a debatir en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios, se tratara de las corridas de toros. Mera coincidencia, aunque dado que el Gobierno practica con la ciudadanía un toreo de salón de grandes proporciones, tampoco resulta tan raro. Ese día, el Gobierno esperaba poder torearse una vez más a la ciudadanía, pero la realidad le pegó serios revolcones y ha tenido que tomar en consideración el debate. Se dice que tuvo que mediar la noticia de un nuevo suicidio para que esa iniciativa popular fuera tomada en consideración, porque el partido en el Gobierno y demás partidos afines estaban en contra de una ley que pide algo ya elemental: la dación en pago -contemplada en el Derecho romano, fuente y base del nuestro- y la paralización de todos los desahucios de primera vivienda. A grandes dramas, grandes remedios que, encima, se revelan enseguida insuficientes.
Ya no hay obispo que salga a la palestra diciendo de manera ignominiosa que no hay relación entre los suicidios y los desahucios. También es aquí la dura vida la que demuestra que hay una relación directa entre un drama y otro, aunque los motivos que llevan a alguien a quitarse la vida sean complejos y en ello tengan que ver situaciones familiares, asfixia económica o golpes de mala suerte que han conducido, encadenados, al desahucio.
El desahucio tiene un antes y un después. No es un hecho aislado ni mucho menos un espectáculo teatral. Quien es desahuciado por impago de un crédito hipotecario no paga porque no tiene ingresos suficientes. Hay pobreza. Antes de llegar al acto vergonzante del desahucio -un negocio para todos los que intervienen menos para el desahuciado-, ha habido meses y años de agobio y angustia, vidas y familias rotas, problemas serios de salud, anulación de la autoestima, depresiones graves y con poca o ninguna salida porque las causas ahí están, sentadas en la cama cuando el deprimido se despierta. Quien ha abierto finalmente la puerta a la comisión judicial y a la Policía para que le echen, no ha tenido recursos suficientes para encarar esa acumulación de heridas. ¿Allá cada cuál aquí también?
Después del desahucio sigue creciendo la deuda contraída con el banco, pero el negocio no se detiene. No todos los pisos desahuciados son invendibles, hay subastas y subasteros, hay inmobiliarias, hay necesidad de sacudirse el dinero negro, hay perspectivas de comprar a la baja y de vender más tarde a la alta, porque, como dicen, "esto no puede durar cien años", sin reparar en que para destruir una vida con cinco, y menos incluso, basta.
Ni la derecha, ni mucho menos los bancos aferrados a unas leyes que la realidad convierte en asociales y a la sacralización de la teoría general de los contratos, están a favor de la dación en pago o de la paralización de los desahucios; tampoco de la reforma de esa Ley Hipotecaria. Cuando gente como la Botella sostenía que si las leyes eran injustas había que reformarlas, no sabían lo que decían, porque no han tenido ni la más remota intención de hacerlo si eso podía perjudicar a su camada, a quienes les sostienen: la banca.
Hace unos meses los bancos se permitieron el lujo de amenazar al Gobierno con tomar medidas si se reformaba la Ley Hipotecaria y el Gobierno demostró cuál es su grado de autonomía, el alcance de su capacidad de gobernar, su autoridad política y moral: se plegó a las exigencias de la banca. El drama de los desahucios tiene un protagonista y un causante: la banca y su forma de hacer de negocios.
La derecha dice que el problema no son los desahucios. Incluso quienes desde esa perspectiva se expresan afirman que es falso que el número de desahucios sea el que se dice, como si las 350.000 familias echadas de sus casas no existieran y fueran humo. Los heraldos de la derecha sostienen que el problema no son los desahucios, sino el paro y la crisis económica, como si los bancos que ellos representan fueran ajenos a ella, como si no fueran consecuencia de una política económica y de una forma de hacer negocios en los que han ganado todos.
La sensibilización social hacia el drama de los desahucios y la movilización popular han sido lentas y no son mayoritarias; será masivas, pero no mayoritarias. Cuentan con oposición hasta en el mismo CGPJ. Esto viene de atrás, cuando los desahucios no concitaban mucha respuesta ni comentario. Las víctimas de este crimen se han tenido que sentir muy desasistidas. Los jueces callaban, sí, pero también lo hacían otros estamentos sociales. Ha hecho falta una tenaz movilización callejera para que se pueda poner dentro del Congreso la realidad de una iniciativa legislativa popular. Es una conquista, sí, pero otra cosa será el resultado del debate porque el PP tiene la mayoría absoluta. No hace falta ser adivinador del porvenir. ¿A dónde fueron a parar las medidas milagrosas que iban a paliar el drama no de los desahucios, sino el de la alarma social que provocaban?