que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se sabe un cadáver político lo prueba el hecho de que ayer proclamara en el Congreso de los Diputados su inocencia acusando burdamente de machista a quien exige su cese por la vinculación de su exmarido, Jesús Sepúlveda, con la red Gürtel, cuando lo cierto -así lo prueban los informes policiales- es que ella también se benefició de los 50.049 euros que la trama de Francisco Correa pagó al matrimonio. Además, la argumentación de Mato -tan parecida a la de Cristina de Borbón, que se dice ajena a todos los tejemanejes de Iñaki Urdangarin que le reportaron a la pareja pingües beneficios- incurre en la paradoja de evidenciar que una persona que no sabe lo que ocurre en su domicilio está incapacitada para ostentar la cartera de Sanidad. La situación de la ministra, por más que se presente como la víctima de una cacería -otro argumento débil y nada original-, resulta insostenible porque su credibilidad está por los suelos y su continuidad daña severamente al PP, una obviedad que más pronto que tarde debería propiciar su caída en el marco de la sucesión de rectificaciones en la que está sumido el PP. Si la posición de Mato se antoja más que delicada, en la misma tesitura comienza a encontrarse el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya vergonzante amnistía fiscal no sólo permitió la legalización de fondos suizos al extesorero del PP Luis Bárcenas, sino que también dio cobijo al menos a dos de los 21 imputados en el caso Gürtel, además de que otros siete implicados se acogieron a regularizaciones ordinarias, al margen de permitir el blanqueo de 40.000 millones de euros en números redondos sin ningún tipo de sanción más allá del pago del 10% de la cuantía evadida. En lo alto de la pirámide de responsabilidades se halla por supuesto Mariano Rajoy, parapetado en vano en medidas cosméticas como la realización de auditorías y la presentación de declaraciones fiscales. Como si el dinero B no fuera por naturaleza opaco y como si tales maniobras de distracción, en las que cabe circunscribir el postrero despido de Sepúlveda como asesor, pudieran evaporar las sospechas de financiación irregular del PP, agravadas por el escarnio de que Bárcenas cobrara del partido hasta diciembre, ayer mismo casi.