Me pregunto si esto que nos hace vivir el Gobierno es una mesa de trile, un cajón de cartón sobre el que los que viven de mangarla atrapan al paso, con ayuda de los puntos que les dan el agua, a los incautos que se las dan de listos y tienen la codicia fácilmente excitable. El dinero fácil, el milagro, la varita mágica o el golpe de suerte. Crees que vas a ganar pero desde que te acercas al cajón estás desplumado. Viejo y medieval juego carcelario que, en lugar de aprenderse en las horas muertas del patio de una prisión, ahora se aprende en la cátedra delincuencial de los despachos de las instituciones.
Ya sé que la pregunta es retórica y demagógica, pero me parece que las medidas para paliar el drama de los desahucios resultan confusas, por no decir francamente engañosas. Han creado expectativas, cierto, e incluso algo parecido a la esperanza, pero ahora queda por saber en qué van a parar, es decir, cuál va a ser la práctica diaria de esas medidas en los tribunales y fuera de ellos, y en qué va a consistir la extrema necesidad, por ejemplo.
¿Extrema necesidad en un país en el que, según cálculos de técnicos de Hacienda, el 43,7% de la población tiene unos ingresos inferiores a 12.000 euros anuales o no tiene ingresos? Por no hablar de aquellos casi 300.000 casos de ciudadanos que, por las circunstancias que sean, carecen de tarjeta sanitaria y a quienes se les prometió hace ya dos años regularizar su situación. Mucha gente. Demasiada. Una legión de humillados, de encolerizados y de silenciados a golpes, a multazos. El perdedor es culpable y está poco menos que de sobra y tiene que callarse porque ya está bien. Ese es el discurso oficial. El marginado es un cuasi delincuente.
Porque lo que resulta dudoso es que aquellos que estén amenazados con el embargo-desahucio-lanzamiento puedan, en los dos años de moratoria que les da el Gobierno, conseguir los ingresos suficientes como para hacer frente a la deuda ya creada, a la generada en el intervalo y a la que tengan en el momento en que expire el plazo gubernamental. Es decir, que sin trabajo y sin ingresos, la deuda con el banco seguirá aumentando y la amenaza de lanzamiento permanece cada día más firme.
¿Cómo conseguir en dos años ingresos para evitar el desahucio? Ni hay política de empleo, real, elemental, ni se sabe qué va a pasar con esos 375.000 desahucios ya llevados a cabo ni con los miles que están en marcha y que vendrán a unirse a los anteriores, que representan para el Gobierno una seria amenaza social, porque de otro modo ni siquiera habrían tomado en consideración el tocar los intereses de los bancos, los grandes beneficiarios de la crisis y de estas medidas en concreto.
¿A dónde han ido a parar los desahuciados? ¿A viviendas patera? ¿Y qué pasa con los miles de procesos en marcha? ¿Es cierto que hay un registro de desahuciados para impedir que puedan contratar una vivienda? ¿No sería esta una práctica delictiva en la medida en que es anticonstitucional? Una vez más, las preguntas que el ciudadano se hace están condenadas a quedar en el aire y a aumentar la desazón y la sensación de amenaza.
Y por si fuera poco, el decreto destapa, sin mentarlo siquiera, el asunto de los carroñeros, subasteros, intermediarios, los que hacen negocios inmobiliarios con bienes inmuebles en manos de amenazados a espaldas de éstos cuando todavía conservan su titularidad. Si el piso está en manos de uno de estos asociales amparados por la ley (ese margen en el que se mueven los delincuentes con todas las de la ley), no hay prórroga. El Gobierno alienta los negocios sucios, como alienta las amnistías fiscales.
En este ambiente de miedo y cólera social, encono e insalvables diferencias sociales, cuando ha empezado a circular la idea de que el enfado, la irritación, la manifestación airada o vehemente de la indignación son de mal gusto, que lo elegante es el estar por encima, en la listeza, en el toreo de los imponderables. Algo que funciona si tienes ingresos asegurados, pero resulta repulsivo como seña de identidad de la casta de los intocables.
Y si los cajones de los trileros están protegidos por los puntos que dan el agua, el trile gubernamental e institucional lo está por matones de compañías de seguridad (algunos con nutridos antecedentes penales como se ha visto en el caso del Madrid Arena) que en ese escenario de ruina se crecen, se sienten autoridad, revestidos de ésta, cuando sólo tiene porras, esposas, músculo y poco seso. El ambiente es de dar palo, de someter, de acogotar. Esto, quien vive a cubierto, lo siente apenas. Lo ve necesario para conservar su estatus. El aire de la época huele a friegas de gimnasio, a drogas de musculatura, huele a matonería, de uniforme y sin ella.
Y si asco da ver cómo le abren la cabeza a un crío o patean en la cabeza a alguien que ya está en el suelo inmovilizado, más asco da leer o escuchar las explicaciones mendaces del jefe de la Policía. Ellos y nosotros. Todavía podemos aislarlos socialmente. Son malos vecinos. No son unos mandaos, son perversos. No están para defender al ciudadano, sino para coadyuvar en la dominación que practica la casta social y política que nos somete so pretexto de haber ganado unas elecciones, como las ganaron los nazis en Alemania. Ganar unas elecciones no lo permite todo. Pero está visto que con ese argumento es como se consolida el Estado policial y autoritario de nuevo cuño, con ayuda de los máximos adelantos tecnológicos que se exhiben en las demenciales ferias de seguridad: porras, gases, uniformes, escudos o academias de medios coercitivos de interrogatorio. Y todo con cobertura legal.
