el Tribunal Constitucional hizo público ayer su fallo que, por ocho votos frente a tres, rechaza el recurso planteado por el PP contra el matrimonio homosexual vigente desde julio de 2005. Se pone así punto final a siete años de incertidumbre jurídica sobre las más de 20.000 uniones entre personas del mismo sexo que se han celebrado desde entonces, dotando por fin de seguridad legal a una realidad social incuestionable y asumida probablemente con más naturalidad por la ciudadanía que por determinadas instancias del poder, tanto político como aledaño. No conviene olvidar, sin embargo, que estos siete años en el alambre tienen su origen en una visión de parte de lo que deben ser las relaciones humanas, que aquel recurso sostenía que la reforma impulsada por el Gobierno de Zapatero no respetaba la definición constitucional de matrimonio, como unión de un hombre y una mujer, aferrándose al argumento lingüístico para tratar de imponer un modelo de familia evidentemente discriminatorio. Que en el esperpento de un PP atrincherado tras la pancarta -ya fuera como portavoz de la Iglesia contra el aborto y el matrimonio gay o haciendo frente a la política antiterrorista- tras la pérdida del Gobierno en 2004, este partido y sus dirigentes no tuvieron empacho en protagonizar episodios como aquel memorable -e insultante- discurso sobre peras y manzanas de la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Tampoco conviene olvidar que hubo dirigentes populares que se desmarcaron de aquel sinsentido, casos evidentes del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o del ahora portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Pero más allá de la memoria política -el Gobierno ya ha afirmado que respeta el fallo y no modificará la ley-, están los hechos. La reforma de 2005 fue pionera y abrió la puerta a lo que, a día de hoy, es una realidad absolutamente normalizada en la sociedad, por mucho que eso desagrade a los sectores más ultraconservadores del Estado o a la Iglesia. Y no solo eso: esa reforma dotó de plena igualdad de derechos a la ciudadanía, independientemente de su opción sexual. Nada es más constitucional, por mucho que lobbys como el Foro de la Familia entienda esta normativa como una "acomodación ideológica" de la Constitución.