el Parlamento aprobó ayer una propuesta para que el Gobierno de Patxi López ponga en marcha este año ayudas dirigidas a las víctimas de motivación política y constituya un "espacio institucional administrativo" que dé cobertura a este colectivo. La iniciativa estaba impulsada por todo los grupos excepto PP y UPyD, aunque han aprobado buena parte de la misma, y trata de amparar a aquellas personas que han sufrido situaciones de violencia por parte de los aparatos del Estado, la mayor parte de ellas sin vinculación alguna con ETA. Pero la cuestión del reconocimiento de las víctimas de la violencia es ante todo un asunto de derechos humanos: los derechos humanos son universales y alcanzan a cada ciudadano y ciudadana independientemente de su condición social, judicial, política, religiosa o penal, por lo que no cabe una interpretación restrictiva de las consecuencias de su violación en función de quién o quiénes sean los autores. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no citar también el terrorismo derechista, la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados en los tribunales, incluso las personas y familias sometidas a la violencia franquista y a décadas de represión y persecución a cuya memoria aún se ponen obstáculos, supone un intento de discriminación y de obviar parte del sufrimiento humano generado por la violencia. De hecho, las víctimas de ETA han alcanzado el necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico. Y aunque quienes hayan vivido de forma directa las consecuencias de la violencia política jamás podrán ser suficientemente resarcidos, el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por eso es también importante la asunción institucional de esta realidad y el rechazo social a la instrumentalización política y electoral de unas u otras víctimas para avanzar hacia la reconciliación social y la normalización política. Y una puesta política y ética por el reconocimiento a todas las víctimas de las diferentes violencias, si lo que se pretende es que estén garantizadas la libertad individual y las libertades colectivas y que marquen el futuro conceptos democráticos como justicia, memoria y reconocimiento.
