la última iniciativa aprobada en el Parlamento Vasco en apoyo de la custodia compartida por ley como norma preferente tras las separaciones y divorcios; iniciativa por la que se insta al Gobierno central a que presente "de forma urgente" un proyecto para modificar la Ley del Divorcio, ha vuelto a poner de actualidad un controvertido debate que ya se había dado con anterioridad, cuando fueron presentadas y aprobadas en las tres Juntas Generales sendas iniciativas en el mismo sentido. Custodia compartida preferente por ley, haya o no acuerdo de los progenitores ¿Sí o no? En este debate, a nivel social, nadie ha puesto en duda la necesidad de activar los mecanismos necesarios para que la custodia compartida de forma responsable entre ambos progenitores llegue a ser la opción preferida de mutuo acuerdo en caso de divorcio. Ahí creo estamos tod@s. Los problemas aparecen cuando lo que se plantea es pasar de preferida a preferente, como las asociaciones que han promovido estas iniciativas proponen, máxime si tomamos en consideración el entorno legal, social y cultural en el que estas leyes tienen que aplicarse, tan diferente al sueco o francés que en este debate se han mencionado.
La custodia compartida por imposición judicial sin acuerdo de las partes, tal y como lo han recordado oportunamente desde diferentes colectivos feministas, no es un modelo habitual en nuestro entorno, donde la norma general es el acuerdo de los progenitores y donde, en países como Noruega, Suecia o Francia, la custodia compartida ha sido aprobada en el marco de un paquete de medidas para favorecer le equilibrio en el reparto de responsabilidades domésticas y familiares, como el permiso exclusivo para padres, de características similares al de la madre en cuanto a su nivel de prescripción y duración.
No puede ser de otra manera y sería injusto obviar, como parece que se está haciendo en este debate, que, por estas latitudes, lamentablemente todavía en la actualidad, en la situación anterior al divorcio el reparto de este tipo de responsabilidades no suele ser muy equitativo por lo que el reparto de gastos, trabajo y responsabilidad igualitaria de los hijos después del divorcio podría no serlo tampoco y no contribuir sino a perpetuar la desigualdad inicial.
Lamentablemente, hoy en día, estamos lejos de asumir socialmente el valor económico del trabajo doméstico, siendo bastante mayor el número de mujeres que de hombres que sacrifican por este motivo, de una forma u otra y aunque sea de mutuo acuerdo, toda o parte de su independencia económica, por lo que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran éstas tras un divorcio es mayor que la de ellos. En la mayoría de los casos, para las mujeres divorciarse, además de la pérdida o ganancia afectiva, supone quedarse sin una parte o todo su trabajo; porque la casa, el marido y los niños hasta ese momento han sido parte o todo su trabajo, aunque la valoración económica del mismo no se recoja en el PIB. No solamente tienen que rehacer su vida afectiva sino también la laboral, interrumpida o frenada por las obligaciones domesticas. Mientras esto no cambie y sin que se tomen otro tipo de medidas, en la situación actual, va a ser difícil arreglar la custodia de los hijos judicialmente por vía civil de forma civilizada. Es más, en los casos en que no haya acuerdo, dar la prioridad a la custodia compartida puede ser como echar gasolina en un incendio.
Por desgracia también, parece que no todo el mundo espabila y la inercia del día al día lleva a much@s a ir asumiendo, más o menos conscientemente, los roles familiares tradicionales y las desigualdades que implican, sin darse cuenta de sus consecuencias. Ahí la responsabilidad es de tod@s, y aunque el actual modelo a imitar que se propone desde las televisiones o desde las propias instituciones no ayude demasiado, tampoco estaría de más pedir un poco más de responsabilidad individual a los padres-madres. A estos sólo les aplicaría la custodia compartida obligatoria cuando, después de haber pasado por los servicios de mediación, no fueran capaces de ponerse de acuerdo a la hora de ejercer una custodia responsable; servicios que tendrían que ser capaces de hacer lo que actualmente no son capaces con los medios de los que disponen: emitir un diagnóstico de la situación, proponer un tratamiento y detectar eficazmente si alguno de los dos está incapacitado para asumir esa responsabilidad. Igual algunos padres-madres se merecerían el infierno en el que se puede convertir una custodia compartida dictada por un juez sin mutuo acuerdo de las partes. Los hijos, en ningún caso.
