HAY un hecho incontestable, más allá de consideraciones de tipo político o incluso moral y ético, que no hace falta sostener en ninguna encuesta: la ilegalización de la izquierda abertzale histórica, no sólo ha expulsado a un partido de las instituciones vascas, sino que también ha alterado el deseable reflejo del sentir ciudadano en esas instituciones. La encuesta de Gizaker cuya segunda y última entrega publica hoy GRUPO NOTICIAS viene, en este sentido, a constatar una realidad: que la presencia de esta sensibilidad política en el terreno electoral alteraría la composición del Parlamento Vasco. El hecho de que esas siglas pudieran decantar la mayoría de la Cámara del lado nacionalista es, si se quiere, complementario, en el sentido de que esa alteración viene dada también por la tradicional fragmentación del voto, poco dado en Euskadi a propiciar mayorías absolutas de un partido y, por tanto, muy sensible a cualquier factor que varíe el equilibrio alcanzado por las urnas en un momento dado. En este sentido, resulta curioso que la fotografía del Parlamento Vasco que arrojaría el sondeo si se celebraran elecciones ahora se parezca considerablemente al hemiciclo que anterior a los comicios de 2009. Ciertamente, se reflejan movimientos de votos en lo que fue el tripartito -EA y EB desaparecerían en favor del PNV y del fortalecido Aralar- y quedaría la presencia testimonial de UPyD, pero poco más. Luego es posible concluir que el devenir de la política electoral-institucional de la CAV mantiene, en la base sustancial, una lógica de evolución. En esa lógica se inscribe también que sondeo tras sondeo, provenga del autor que provenga, los vascos manifiesten su desconfianza hacia el pacto PSE-PP, acompañada frecuentemente de su preferencia por acuerdos de eso que se llamó no hace tanto "transversalidad" entre socialistas y jeltzales. El sistema institucional, las leyes y el juego político interpretan el mandato de las urnas; una lectura interesada pero no por ello menos legítima, en tanto se sustenta en un entramado jurídico que cuenta en su base con el respaldo de la ciudadanía. Ahora bien, intereses y legitimidades al margen, en una democracia siempre resulta interesante y deseable que quienes gestionan los resultados de las urnas sean lo más fieles posibles a lo expresado en ellas y a la realidad social en la que éstas se inscriben.