siempre se ha solido afirmar que la izquierda abertzale histórica ha contado con un equipo jurídico de gran competencia. Vista la minuciosa exposición que hizo ayer el abogado Iñigo Iruin sobre el cumplimiento por parte de los estatutos de la nueva formación de cada artículo de la Ley de Partidos, de cada interpretación del Tribunal Supremo sobre los mismos y de la jurisprudencia de la Justicia española al respecto, la conclusión es que lo va a tener muy difícil el Gobierno español para presentar su anunciada impugnación. En un acto perfectamente medido, ante una expectación mediática inusitada, Rufino Etxeberria e Iñigo Iruin despejaron de manera meridiana las incertidumbres que todavía pudieran caber sobre los compromisos claves del nuevo partido. Los dos oradores pusieron un énfasis especial en añadir el terrorismo de ETA entre sus compromisos de rechazo de toda forma de violencia; asimismo, recalcaron su desmarque de cualesquiera organizaciones políticas que en el pasado tuvieron alguna forma de connivencia o vinculación con la violencia para lograr objetivos políticos. Unos estatutos, según lo expuesto, impecables y que responden a los requerimientos que se les han exigido. Magnífica noticia que ese importante sector de la sociedad vasca haya llegado, por fin, a la conclusión de que la violencia contaminaba cualquier justa reivindicación política. Que haya tardado demasiado, que la necesidad de existir legalmente era imperiosa, que una mirada retrospectiva a estos treinta años produce vértigo, son reflexiones que habrá que hacer más adelante. Hoy toca valorar el paso dado. Hoy toca, también, analizar con rigor lo que vaya a hacer el Gobierno español ante el blindaje que esos estatutos suponen en orden a su legalización. Demasiadas bravatas, demasiados excesos verbales, demasiadas intimidaciones, demasiados tópicos durante demasiado tiempo, colocan al Gobierno español, a sus ministros, a sus palmeros, en un aprieto del que no les va a ser fácil salir. No bastan las obviedades de Patxi López, ni los disparates de Mayor Oreja, ni el comprensible rencor de las víctimas. Hay que cumplir la ley, le guste o no al PP. La pelota está en el tejado de Rubalcaba, por personalizar en quien ya anunció la impugnación.
