LA filtración interesada de que sobre la mesa de negociaciones para un nuevo pacto social -2º Pacto de la Moncloa lo denomina Zapatero- estaba también el alargamiento de la vida activa de las centrales nucleares, Garoña incluida, obligó a los sindicatos UGT y CCOO a acentuar su ya de por sí actitud defensiva en el proceso. La filtración no fue una casualidad y tenía como primer objetivo debilitar más la posición de resistencia de ambas centrales sindicales al aumento de la edad de jubilación a los 67 años, al incremento de los años de cotización y al intento de debilitar la capacidad de la negociación colectiva. En realidad, formaba parte de una estrategia diseñada para lograr que los contenidos del llamado diálogo social con ambas centrales sindicales, que ya acuden al proceso mediatizadas por su progresiva pérdida de influencia social y el fracaso de la huelga general del 29 de septiembre, no supongan una reducción de los contenidos reales de esas reformas. Esto es, los poderes fácticos que avalan el actual proceso de recortes de derechos sociales y laborales como supuesta vía de salida a la crisis tienen claro que es mejor aprobar esas reformas sin pacto social antes que un pacto social que implique un retroceso en la línea neoliberal y mercantilista que imponen los mercados. En ese contexto, en el que tanto el Gobierno de Zapatero como UGT y CCOO participan desde posiciones de debilidad, la irrupción del debate energético pendiente en el Estado español busca aprovechar la situación de crisis para ganar espacio en favor de los intereses particulares de las empresas energéticas y, de paso, hurtar el necesario debate desde criterios objetivos y sin demagogias ni manipulaciones interesadas sobre el futuro del modelo nuclear. El consenso, los pactos, son positivos en función de los contenidos y, al igual que la estrategia de la confrontación y la protesta social que plantea el modelo sindical de ELA, LAB y otros, sólo tienen sentido si el resultado final supone alcanzar acuerdos eficaces que beneficien a los intereses generales de la sociedad. Y no parece que la participación en una negociación en la que la parte más fuerte pretende incluso intercambiar pensiones por neutrones, como la de organizar huelgas generales de dudosa eficacia política más allá de su legitimidad social, permitan a día de hoy poder detener las consecuencias más agresivas de la contrarreforma neoliberal.