El régimen tributario y fiscal vasco, de cuya aprobación se cumplen mañana 30 años, supuso entonces, como debe serlo ahora, un instrumento clave de relanzamiento económico, a pesar de sus todavía detractores
EL Concierto Económico, piedra angular en el autogobierno vasco, cumple mañana treinta años y puede suscribir ahora un balance inimaginable en 1981. En un momento políticamente crítico y en un país prácticamente desolado desde el punto de vista socioeconómico, el reconocimiento del régimen tributario y fiscal propio supuso un relanzamiento sin precedentes y se demostró un instrumento clave, como debería serlo también hoy -ante una crisis sin precedentes- a pesar de sus todavía muchos detractores, que lo son en realidad a cualquier especificidad que resquebraje su mentalidad jacobina. Como en tantas cuestiones que tienen relación con el autogobierno, no ha sido un camino fácil. Tanto quienes negociaron y aprobaron la inclusión en el Estatuto del artículo 41.1 -"las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios"- como quienes estamparon su firma en el protocolo final -los entonces ministro de UCD Jaime García Añoveros y el consejero vasco Pedro Luis Uriarte- tuvieron la visión y la determinación de articular lo que sin duda ha sido y es el elemento que diferencia la capacidad de decisión de la CAV, al igual que el Convenio navarro. Un paso fundamental que hoy sería difícil de lograr, a tenor de las dificultades que está teniendo Cataluña con la reivindicación de una figura similar por parte del nuevo president Artur Mas. Lo que para algunos era -y, lamentablemente, sigue siendo- un privilegio o una antigualla casi medieval, se ha convertido en un instrumento vital para el país. La soberanía que el Concierto ofrece a las instituciones vascas sigue siendo un elemento a combatir por determinados sectores políticos que recelan del nivel de autogobierno alcanzado o tratan de reducirlo, en la medida que otorga control sobre los recursos propios en momentos cruciales. El entonces representante alavés en la comisión negociadora Juan María Ollora destaca en el reportaje que hoy publica DNA que "el volumen de recursos públicos que supuso fue absolutamente decisivo para cambiar y renovar el tejido económico vasco". Una reflexión que, 30 años después, cobra una asombrosa vigencia en el actual contexto.
