PARECE que la reforma de las pensiones es inminente. Distintos grupos de especialistas en economía, impulsados y pagados por bancos y fondos de inversión, llevan años sembrando la idea de que el sistema de pensiones es insostenible. Esta corriente de opinión ha venido unida, y así lo impulsaba el Pacto de Toledo, a la oferta de nuevos productos complementarios de pensiones (planes de pensiones, EPSV) atractivos por sus interesantes desgravaciones fiscales.

El Gobierno, presionado por esa gran desconocida que es la Unión Europea, institución controlada por los grandes lobbies económicos y de la que se sirven para imponer sus intereses cuando el Gobierno de un país no se atreve por sí solo, ha incluido finalmente la reforma de las pensiones entre las medidas para hacer frente a la crisis económica y devolver la confianza a los mercados, es decir a bancos e inversores.

Lo que subyace en estos planteamientos es una búsqueda de la privatización del sistema de pensiones en la parte de las pensiones contributivas, que son las rentables desde el punto de vista económico. Se pretende acabar con un modelo solidario, ideado para proteger económicamente a todos los ciudadanos, y sustituirlo por un modelo de capitalización del ahorro que pueda generar cada ciudadano a lo largo de su vida laboral. En este sentido el Banco Mundial a principios de los 90 propuso crear una pensión mínima para los pobres pagada por el Estado (por todos) y un sistema de capitalización gestionado por el poder privado.

Sin embargo, existen argumentos discrepantes que deberíamos tener en consideración al reflexionar sobre la quiebra del sistema de las pensiones. Recojo algunos planteados por catedráticos y economistas integrados en el movimiento Attac justicia económica global.

Actualmente vivimos una tendencia en la que va a ver mas personas jubiladas y menos trabajando, por lo que va a ver mas pensionistas durante mas tiempo. Asimismo hay un retraso en la edad de incorporación al primer empleo y una situación de desempleo creciente que reduce las cotizaciones sociales.

Si bien en los últimos 30 años el peso de los salarios en el PIB se ha reducido un 14%, el número de asalariados que cotizan a la seguridad social se ha incrementado en un 10%. El problema está en una mala redistribución de la renta. Por un lado, las pensiones están sustentadas principalmente por los asalariados, mientras que las rentas de los profesionales y empresarios, que escapan a un riguroso control, curiosamente son menores. Tampoco nadie parece preocuparse de la economía sumergida. Por otro lado, la productividad generada ha ido a parar principalmente al capital ya que el salario ha disminuido respecto a la renta media. Otro argumento en la línea anterior está sustentado en la idea que la esperanza de vida promedio ha aumentado en estos años. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Supongamos que un país tiene dos personas. Una muere al poco de nacer y otra tiene 80 años. La edad media de ese país es de 40 años = (0+80)/2. Si en el país vecino con dos personas de 20 y 80 años, la edad media es de 50 años= (20+80)/2. Como se ve, el aumento o una mayor esperanza de vida se puede deber a una disminución de la mortalidad en edades más jóvenes y no a un aumento de vida en edades de jubilación.

En este mismo sentido, y como consecuencia del aumento de la esperanza de vida promedio, se plantea también retrasar la edad de jubilación (en España de los 65 a los 67 años). No cabe duda, de que esta medida aumenta los ingresos por cotizaciones y reduce el gasto por el pago de pensiones. Sin embargo, esta propuesta se aleja del objetivo de un sistema de pensiones solidario basado en la equidad y en la redistribución, ya que no tiene en cuenta que los años de vida promedio son diferentes según la clase social a la que pertenezcas. Las clases sociales más bajas viven menos que las clases ricas, por lo que las cotizaciones de los pobres pagarán en mayor porcentaje las jubilaciones de los ricos.

Una de las medidas que se propone en momentos de crisis, como el actual, es la rebaja de las cotizaciones sociales para liberar costes a las empresas. Esta medida tiene dos efectos negativos. Por un lado reduce los ingresos para el pago de las pensiones. Por otro debemos considerar que aunque se reducen los costes de las empresas, lo que en realidad se está bajando es el salario de los trabajadores, ya que las cotizaciones sociales son parte del salario del trabajador. Doble empobrecimiento.

¿Por qué las recetas a la crisis son prejubilaciones a las 52 años, facilitar el despido, menor protección social, menos salarios y no una subida de impuestos para las rentas mas altas en todos los países? Todas son medidas que castigan el sistema de pensiones. ¿Por qué las pensiones deben mantenerse con los ingresos de las propias pensiones? ¿Por qué no integrar el conjunto de las pensiones o el déficit que en algún año se pueda producir en los presupuestos del Estado al igual que ocurre con otros ámbitos como la construcción de carreteras, o cuando quiebra un banco y el Estado acude en su ayuda con el dinero de todos?