LA crisis que desde hace casi 3 años está mostrando al planeta la verdadera cara del capitalismo -nada amable y bastante despiadada- no está pasando desapercibida por Araba. Buena fe de ello pueden dar las miles de personas trabajadoras que están bajo la amenaza, ya crónica, de perder su puesto de trabajo o que por desgracia ya lo han perdido o no lo han econtrado nunca, así como quienes dependen para subsistir de partidas presupuestarias para políticas sociales cada vez más reducidas.

Por un lado, las grandes empresas nacionales e internacionales afincadas en el territorio alavés están sufriendo las consecuencias del descenso del consumo y de las dificultades de acceso a vías de financiación. Así, obligadas por las circunstancias en unos casos o intentando sacar provecho de la coyuntura en otros, están recortando plantillas o deslocalizando su producción ante el asombro de quienes se preguntan a qué se han destinado los abultados beneficios obtenidos en épocas no demasiado lejanas. Abultados beneficios que sirvieron de argumento en esas épocas para querer convencernos de la bondad del sistema, aun cuando los frutos de esa presunta bondad no llegaban en igual medida a todos los sectores sociales o no llegaban de ninguna manera.

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas alavesas que desarrollan su actividad en multitud de sectores y de las que proviene la mayoría de puestos de trabajo también se ven aquejadas por los mismos males que las grandes. Como consecuencia, estos últimos años hemos presenciado cómo decenas de pymes se han sometido en Araba a procesos concursales, distintos tipos de ERE o incluso liquidaciones en último extremo.

A todas luces, resulta más que comprensible que cuando una empresa sufre una caída importante de pedidos y facturación busque salidas ingeniosas para intentar dar un vuelco a la situación. Somos muchas las personas que creemos, además, que para asegurar la eficacia y viabilidad de esas salidas, éstas deberían ser consensuadas con la plantilla, que es el principal activo con que cuentan las empresas. Por desgracia, este punto de vista no es compartido por muchos empresarios, para quienes la plantilla es poco menos que un molesto pasivo.

Entre las salidas más impopulares se encuentran los expedientes de regulación, a veces encubiertos o tramitados en falso, que en demasiadas ocasiones presentan cifras falseadas con el fin último de justificar una eventual deslocalización de la producción a otras latitudes donde el pasivo de la mano de obra no condicione tanto el balance de resultados y la cuenta de explotación. Pequeñas jugarretas, las más de las veces innecesarias, que permiten salvar sin excesivas dificultades las pocas trabas que se pudieran interponer en el camino de la sacrosanta competitividad y de la libertad de mercado.

Más de 500 personas se encuentran en situación de regulación de empleo en nuestro herrialde. Cada expediente presentado debería ser tratado y estudiado escrupulosamente por las instituciones responsables, en última instancia, de su aprobación. En nuestra actual realidad político-institucional, esto correspondería al Departamento de Trabajo del Gobierno de Lakua. Estas instituciones, que deberían servir para velar por el bienestar y futuro de las personas a quienes administra, cada vez cuentan con menos competencias para parar los pies a las injusticias cometidas en nombre de la libertad de mercado. Más aún tras la última reforma laboral aprobada en el Estado español, que facilita el cese preventivo de la actividad ante la previsión subjetiva de sufrir pérdidas.

Hoy, más que nunca, resulta imprescindible poner bajo control democrático las instituciones con las que contamos, dotándolas de los medios necesarios para, a su vez, controlar democráticamente los resortes que gobiernan la economía y garantizar así que ésta cumpla su fin último: satisfacer las necesidades de todo ser humano.

Hoy, más que nunca, nos quieren hacer creer que ese control democrático no es sino una utopía irrealizable. Pero nada más lejos de la realidad. Estamos a un paso de conseguirlo y sólo es necesario un ingrediente: voluntad política. Una voluntad que debe tener expresión no sólo en las instituciones, sino también en la sociedad.

Voluntad política para instaurar una democracia participativa real que convierta a las instituciones en verdaderas canalizadoras y representantes de la voluntad popular, sin sustituirla como sucede ahora. Voluntad política para revocar injustas reformas orientadas a satisfacer la insaciable voracidad de los mercados, y que dificulte o impida la aprobación de expedientes de regulación de empleo, las deslocalizaciones o los cierres a empresas que gocen de buena salud. Voluntad política para fiscalizar las ventajas tributarias y de acceso a suelo público que se ofrece a las empresas que se implantan en nuestro territorio, estableciendo criterios y cláusulas que afiancen el vínculo entre su actividad productiva y el tejido empresarial, laboral y social alavés. Voluntad política para crear un verdadero sistema financiero público en Araba y en toda Euskal Herria, blindando el carácter público de las cajas de ahorro y evitando su bancarización, orientando sus líneas de intervención al sustento de la actividad productiva, social e institucional en sus ámbitos de actuación. Voluntad política para establecer un sistema fiscal progresivo que permita a las haciendas públicas forales cumplir una función redistributiva de la riqueza. Voluntad política, al fin y al cabo, para que el pueblo tome las riendas del poder político y económico y que éste se ponga al servicio del interés general. También en Araba y empezando por Araba.