LA extremada tibieza de la reacción del Gobierno español desde que las fuerzas de seguridad marroquíes iniciaran una feroz represión de activistas y civiles saharauis hace más de una semana en El Aaiún, envuelta en la censura informativa y en el cobarde e interesado consentimiento internacional, retrata el modo obsceno en que el Ejecutivo socialista antepone la balanza comercial y su papel de guardián de la frontera sur de la UE a su deber diplomático, la ética democrática y la defensa de los derechos más elementales. Al otorgar a Marruecos un papel preponderante en la contención del islamismo radical en el Magreb, Francia -como primer socio comercial de Rabat- y EEUU -que extrae del Sahara el 90% de las importaciones de fosfatos- son corresponsables de la absoluta impunidad con que Rabat ha actuado en todo lo relacionado con el conflicto saharaui durante los últimos 35 años. Pero es al Estado español, como inicial potencia colonizadora y teórico garante de la devolución de su territorio al pueblo saharaui, quien ostenta la carga de la culpabilidad en la ocupación marroquí y la principal obligación en el irresoluto conflicto. España ha extendido aquel abandono de 1975 hasta hoy, ha mirado hacia otro lado ante el incumplimiento por Marruecos del acuerdo de 1981 que estipulaba un referéndum de autodeterminación y mientras Rabat conjugaba la colonización civil y militar del Sahara Occidental, además de vender mientras tanto armas al Ejército marroquí. Con tales antecedentes, quizás fuese la mala conciencia la que llevó a la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez a afirmar que "España siempre ha defendido la autodeterminación del pueblo saharaui", pero hacerlo es tan deshonesto con aquéllos a los que la ministra dice apoyar como con la sociedad del Estado español, mayoritariamente favorable a la causa saharaui. Sus palabras y la condescendencia con la que el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, trató las explicaciones de su homólogo marroquí tras reunirse ayer en Madrid, sin ofrecer ninguna respuesta sobre nada de lo que está sucediendo en el Sahara y dejando traslucir cierta conformidad con los argumentos recibidos, sólo corroboran la impúdica actitud de España.
