HA sido Rafael Vera -ex secretario de Estado para la Seguridad durante ocho años en los gobiernos de Felipe González y condenado a diez años de cárcel no cumplidos por el secuestro de Segundo Marey- quien ha establecido la comparación entre la llamada guerra sucia contra el terrorismo permitida e impulsada en el Estado español antes y durante los mandatos de González y la denominada guerra contra el terror desarrollada por EEUU bajo la presidencia de George W. Bush. Han sido los dos ex presidentes quienes en sendas declaraciones públicas han coincidido en atribuirse capacidad decisoria en la violación de derechos fundamentales por parte de las estructuras de seguridad y una evidente carencia de reparos éticos ante la misma. En ambos casos han esgrimido la inaceptable excusa del mal menor en la intención de evitar nuevas víctimas como presunto eximente para evitar el control y el enjuiciamiento legal y público de sus decisiones. Es precisamente ese intento de ocultamiento el que retrata su naturaleza moral como gobernantes. Además, las declaraciones de González y Bush, escudados en los límites de la exención de responsabilidades que el propio Estado les proporciona, radiografían también a quienes cuestionando la degeneración ética de uno, exculpan al otro. Resulta imposible considerar la inmoralidad de las acciones de la guerra sucia contra el terrorismo y alentar o simplemente silenciar la guerra contra el terror. Cualquier intento de luchar contra la vulneración de derechos y libertades que impone el terrorismo con otra vulneración de derechos y libertades -sea a través de legislaciones especiales o acciones y actitudes que eluden el control y los límites de la ley- sólo puede contribuir a un perverso juego de falsas legitimaciones. Pero eludir la responsabilidad ética desde una perspectiva histórica resulta igual de perverso. Ahora que, con absoluta justicia y pleno derecho, se reinvidica desde el consenso social la memoria de las víctimas de la violencia, de su resarcimiento y de la solidaridad con ellas, es necesario proclamar también que las víctimas de la guerra sucia del Estado tienen derecho a la verdad, a la justicia, al perdón y a la memoria. Sería la mejor forma de valorar aquellos hechos con la perspectiva histórica que reclaman ahora los socialistas para aquella época negra.
