en ausencia de luz, la oscuridad prevalece. El viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Juan Carlos Ramos, con escaso rigor y exceso de demagogia, ha puesto de nuevo a los empleados públicos a los pies de los caballos. Dice en una entrevista que no tiene datos ciertos sobre el absentismo en las administraciones públicas, pero arremete contra trabajadores, médicos e inspectores como responsables de los "altos índices de ausencias por enfermedad y accidentes no laborales", amenaza con multas y supresión de complementos por bajas y echa la culpa a los permisos acordados en convenio de problemas organizativos y merma de calidad de los servicios públicos.

La realidad es muy distinta. Está demostrado que, salvo raras excepciones, las personas desean trabajar y realizar un buen trabajo. Hasta tal punto que el Departamento de Sanidad ha manifestado su preocupación por el llamado presentismo, personas enfermas que acuden a trabajar por exceso de celo o por no recargar el trabajo de sus compañeros. En la actualidad, una persona de baja está controlada al mismo tiempo por el médico, la Inspección Médica, el INSS, las Mutuas y los servicios médicos de empresa y es por tanto falso achacar las ausencias al fraude. Sólo cuando las condiciones de trabajo no son buenas, cuando hay una sensación de inseguridad o si el ambiente es insoportable es cuando el ausentismo se convierte en una salida para preservar la dignidad o evitar el deterioro de la salud.

El 30% de la plantilla del Gobierno Vasco es temporal y el 70% es personal de Sanidad y Educación, los dos sectores donde más han crecido las enfermedades mentales. El II Estudio Paneuropeo de Beneficios de Salud establece en sus conclusiones que "el estrés y los problemas asociados a la ansiedad y depresión son las principales causas de las bajas de más de 14 días de duración, especialmente en sectores como Sanidad, Educación o Administración Pública".

El director de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, Jukka Takala, ha explicado que los fenómenos psicosociales vinculados al trabajo -acoso laboral, estrés, depresión- están muy relacionados "con el empleo precario y la intensificación del esfuerzo del trabajo que suele aparecer en épocas de crisis". Y muy a menudo las mujeres son víctimas preferentes de estos riesgos, porque suelen hacer frente a una doble jornada laboral (en el trabajo y en casa).

Dice el viceconsejero que hay que conseguir una definición única del absentismo, pero el artículo 52.2. del Estatuto de los Trabajadores ya establece que, entre otras, "no se computan como faltas de asistencia la maternidad, enfermedades asociadas al embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones, o enfermedad o accidente no laboral cuando la baja dure mas de veinte días consecutivos". Sin embargo, el consejero de Sanidad informaba al Parlamento de que el absentismo se debía a "una media de edad alta en la plantilla, aumento de la agresividad contra el personal sanitario, y una mayor incidencia de la maternidad y permisos por cuidado de hijos". Incluso aplicando el restrictivo criterio del ET, el índice de absentismo en la administración ni siquiera llegaría al 5%, en línea con la media española y europea, y muy por debajo de Francia o Alemania.

Las declaraciones del viceconsejero son un reconocimiento abierto del fracaso del sistema actual de Administración Pública porque el absentismo más que una cuestión de conducta invididual es un indicador de deficientes condiciones de trabajo y de un modelo de organización inadecuado. Por eso, su amenaza de imponer recortes de derechos laborales enrarece el ambiente y sólo persigue desprestigiar lo público en beneficio de lo privado. En países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia o Noruega llevan años poniendo el acento en la promoción del bienestar y de la salud en el trabajo. El Gobierno Vasco pone el acento en el control del gasto. Viendo los resultados, la solución más barata, y socialmente más rentable, es la investigación de las causas y la promoción de medidas preventivas, y en ese objetivo la colaboración de los empleados públicos está asegurada.