Únicamente los ingenuos creen que la irrupción y el caudal de noticias sobre casos de supuesta corrupción y otros hechos atribuidos a miembros del PNV son productos espontáneos de la acción política o de la pericia de los medios de comunicación. ¿Casualidad? No, causalidad ("la facultad de hacer comenzar algo en el orden de los fenómenos", según Kant). Este proceso tridimensional (político, mediático y judicial) que se retroalimenta y se solapa tiene unas causas y por tanto unos propósitos, una secuencia, unos autores y unos perjudicados, todo lo cual configura una estrategia concertada en un reparto de roles y oportuna en el tiempo electoral.

La insostenible debilidad del lehendakari Patxi López y el impugnado pacto PSE-PP reclaman soluciones perentorias. Ni la acción de gobierno ni el contundente apoyo que la mayoría de los grupos de comunicación prestan a su Gobierno son suficientes para reducir la desconfianza que provocan en la ciudadanía y su soledad política. De esta situación frustrante surgen las causas que motivan el despliegue de una estrategia de destrucción ética del PNV y que implican a los mismos medios que socorren a López y a los partidos que lo sostienen. Ya que la imagen del actual ejecutivo de Gasteiz no mejora -dicen- desviemos el foco hacia quienes se oponen al acuerdo españolista en Euskadi. Siempre podemos encontrar en los documentos institucionales -piensan- algún asunto irregular o práctica anómala (¿quién está libre de errores?) de los gobiernos anteriores con los que fijar en la opinión pública la sospecha de corrupción nacionalista y por tanto la necesidad regenerativa del cambio. Hacer malos a los buenos es hacer buenos a los malos, éste es el lema.

El propósito principal es llegar a las elecciones de 2011 con un equilibrio de dificultades entre los dos sectores políticos: el PSE y PP con una contradictoria aventura que no cuaja en la sociedad vasca y el PNV, desgastado por las informaciones que, oportunamente filtradas por sus adversarios y convenientemente agitadas en los medios afines durante meses, le atribuyen prácticas de cohecho y espionaje. Se trata de que el PNV no parta con demasiada ventaja. El camión de la basura se ha puesto en marcha y no va a parar hasta llegar al vertedero. Se añaden también dos objetivos complementarios: resquebrajar la moral interna de la formación nacionalista (nada desalienta más que el conocimiento del engaño de los propios) y distraer a la opinión pública sobre el fracaso del Gobierno vasco.

El juego es muy sencillo y cada uno tiene un papel singular. Primero, el político gobernante se afana en hallar algún hecho con trazas de irregularidad que sea útil para poner bajo sospecha una gestión histórica. Segundo, el político hace llegar el asunto a los medios amigos para que lo transformen en noticia como si ésta fuese el resultado de sus propias pesquisas. Tercero, el político, como si no supiera nada, emite unas declaraciones críticas contra el partido incriminado cuidándose de advertir que hay una presunción de inocencia, pero a la vez dando verosimilitud a la culpabilidad de su oponente. Cuarto, el medio dosifica a lo largo de días y semanas posteriores aspectos relevantes y anecdóticos de la trama con el objetivo de mantener sangrante la herida y crear un clima de interés artificial sobre su relato. Quinto, el juez encargado del sumario declara el secreto de las actuaciones, pero tolera un goteo de filtraciones a la prensa, con lo que se establece un estado de opinión irrespirable y una cruel indefensión para los imputados, ofreciendo oportunidades al político para erosionar a su adversario con más mensajes de desgaste. Sexto, el político filtra un nuevo suceso y la secuencia se repite y se solapa con el anterior otorgando a la acumulación de hechos presuntamente delictivos una categoría de certeza pública. Y séptimo, los tribunales de justicia se eternizan en su trabajo, permitiendo con su negligente parsimonia y descuido del secreto la quiebra de la justicia democrática y el éxito de los juicios paralelos. En resumen, la conjugación estratégica de gobierno, medios y tribunales es: yo filtro, tú informas y yo no enjuicio, todo para establecer de facto una condena genérica antes de que se demuestren ilicitudes penales o malas prácticas políticas. La sospecha es más corrosiva que una acusación directa.

La táctica de la confusión tiene dos niveles: la confusión popular entre corrupción y acción administrativa irregular y el caos conceptual entre la responsabilidad nominal del imputado y la incumbencia de su partido. A efectos de eficacia informativa es primordial que los ciudadanos (avaros cognitivos, según Samuel Popkin, analista del comportamiento electoral) equivoquen los significados y admitan que entre el cohecho y la adjudicación irregular de un contrato no hay diferencias y que una conducta ilegal de un cargo público implica la contaminación ética de su partido. La confusión es ruido que impide escuchar la verdad.

No pretendo ignorar la posible culpabilidad de los implicados ni niego la libertad de los medios para abordar estos asuntos y mucho menos me apunto a la paranoia de la teoría de la conspiración; pero es una evidencia que lo que está ocurriendo es el primer episodio de una manipulación calculada (que se reactivará en otoño hasta la próxima primavera) con la que se está haciendo padecer al PNV una fuerte y continuada erosión pública con el propósito de desacreditarle y así despejar el camino del proyecto antinacionalista en la que se han embarcado PSE y PP. Pasará a la historia de la infamia el pacto en 3D de poderes antagónicos (política, prensa y justicia).