EL secuestro de los cooperantes catalanes de la ONG Acció Solidaria se ha convertido ya en el más largo de los llevados a cabo por Al Qaeda en el Magreb. Albert Vilalta y Roque Pasqual han cumplido 254 días en manos de sus captores y nadie se atreve a aventurar si su situación va para largo o puede resolverse en breve. Las fuentes oficiales se limitan a repetir, como hacen casi desde el inicio del secuestro en noviembre de 2009, que "se realizan las gestiones necesarias" para su puesta en libertad. Eso es tanto como no decir nada. Los cooperantes fueron interceptados en Mauritania cuando formaban parte de un convoy con ayuda para Senegal. Responder con una acción violenta a una iniciativa humanitaria habla bien a las claras de la catadura de los miembros de esa organización terrorista, que busca objetivos fáciles para una repercusión mediática máxima. Pero si hablamos de repercusión mediática, también hay que constatar que el secuestro de los cooperantes catalanes no está suscitando la movilización social que cabría esperar de un episodio en el que está en juego la vida de dos personas. Pese a que ambos casos no son equiparables, sí llama la atención el contraste entre la reacción social al secuestro de los cooperantes catalanes y la que se produjo por el cautiverio de los arrantzales del Alakrana. Aquí fueron los ciudadanos los que lideraron la movilización para tirar de las instituciones y hacer que se movieran para buscar una solución. En Catalunya no se está dando una movilización social pareja, o al menos los medios de comunicación no lo están trasladando así a la opinión pública. El asunto es delicado y se deben evitar pasos en falso como el que dio el Gobierno francés con su operación militar en Níger. Pero la ausencia de presión ciudadana puede llevar a los gobiernos a un relajo poco beneficioso para los secuestrados. Al fin y al cabo, los secuestradores se mueven por la propaganda que un secuestro les reporta, pero también los gobiernos se mueven si ven que un asunto les está creando problemas de imagen entre sus administrados. La resolución del secuestro requiere de una gestión activa por parte de los gobiernos español y catalán. No se puede estar 254 días diciendo que "las gestiones van bien". Para los dos cooperantes, no van bien.
