la suma de PP y CiU ha conseguido que el Senado inste l Gobierno a prohibir el velo integral -el burka o niqab, símbolos externos de algunas mujeres musulmanas- en espacios públicos. Una tendencia que sigue la estela de medidas similares en países como Francia, Holanda o Bélgica. Se trata de una iniciativa que a priori -con independencia de las dosis de demagogia que el PP ha añadido a su moción- pretende mirar por los derechos de las mujeres y liberar a aquellas que viven subyugadas bajo el velo islámico. Sin embargo, voces tan poco sospechosas en el terreno de la lucha por la igualdad como Elixabete Etxeberria, integrante de la Asamblea de Mujeres de Álava; María Silvestre, directora de Emakunde; o Ahmed Chaghouaui, profesor de la UPV afincado en Vitoria -expresadas en el reportaje que publica hoy DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA-, así como el intelectual Miguel Sánchez-Ostiz en nuestra tribuna de opinión dominical, coinciden en relativizar estos planteamientos y en constatar que este debate actúa como un velo que tapa una realidad mucho más compleja. Es un hecho evidente que algunas manifestaciones o prácticas del islam ocultan tras un símbolo religioso o cultural una vulneración o alienación de la mujer o su dignidad, como también que la libertad de una buena musulmana para asumir voluntariamente su invisibilidad ante la sociedad es relativa, cuando no está fuertemente condicionada por una insalvable carga patriarcal, así como es defendible la legitimidad de un Estado laico para salvagaurdar, desde el punto de vista ético y político y en espacios públicos y privados, por los derechos básicos de todos sus ciudadanos frente al sometimiento de corsés dogmáticos. Pero también que la prohibición de determinadas expresiones diferentes al patrón occidental puede responder a un pulso xenófobo o simplemente generar un problema añadido donde no existe, sin querer asumir que la invisibilidad de las mujeres o la imposición histórica de roles machistas -en espacios públicos, profesionales o domésticos- es un problema que va mucho más allá de la libertad religiosa o de la reglamentación de símbolos. Se trata, en definitiva, de defender el derecho a la diferencia, pero velando para que éste no se transforme en diferencia de derechos.
