Las autoridades tunecinas evacuaron este jueves de la frontera con Libia a un total de 126 migrantes subsaharianos, incluidos ocho menores, expulsados un mes antes por las fuerzas de seguridad junto a un millar de personas tras redadas masivas y en medio de duras acusaciones sobre violaciones de derechos humanos.
El Ministerio del Interior explicó en un comunicado que los migrantes "varados" en la zona de Ras Al Jadir fueron transportados en tres autobuses a los centros de acogida puestos a disposición por los gobiernos de Medenine y Tataouine con la colaboración de la Media Luna Roja, que aseguró la asistencia médica y humanitaria.
Vigilancia intensificada en la frontera y acuerdo de cooperación entre Túnez y Libia
"El Ministerio del Interior confirma que sus unidades de seguridad han intensificado la vigilancia de toda la frontera terrestre tunecina para evitar la afluencia de inmigrantes ilegales al territorio nacional o que crucen la frontera de forma clandestina con un estricto cumplimiento de la ley", insistió la fuente.
Un día antes, los jefes de Interior libio y tunecino, Imad Trabelsi y Kamal Feki, acordaron una mayor coordinación para abordar la crisis migratoria así como "evacuar" la zona de amortiguamiento en el que "cada parte acepta un grupo".
27 muertos tras la expulsión de migrantes
Desde su expulsión, las autoridades libias revelaron haber localizado 27 cadáveres en estas áreas desérticas donde se asentaron cientos de personas en campamentos improvisados sin acceso a comida o agua.
En las últimas semanas el Gobierno tunecino ha denunciado una "campaña de desinformación y malintencionada" por parte de organizaciones internacionales tras las acusaciones sobre el trato de las autoridades a los migrantes y aseguró que el Estado no puede asumir responsabilidades fuera de sus fronteras.
Las redadas
La crisis comenzó a principios de julio cuando al menos 1.200 migrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano fueron detenidos en redadas masivas en la ciudad de Sfax, principal punto de partida de la migración irregular hacia Europa, y expulsadas a las fronteras de Argelia y Libia.
A inicios de año, Túnez ya atravesó otra crisis interna migratoria cuando una ola de racismo se extendió después de que el presidente, Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social"- acusara a las "hordas" de subsaharianos de formar parte de una "conspiración" para cambiar la identidad "arabo-musulmana" del país.
Entonces, las organizaciones humanitarias denunciaron campañas masivas de detenciones, acoso y agresiones a personas negras, incluidos residentes legales, y cientos de estas personas pidieron ser repatriados voluntariamente a sus países de origen.
Human Rights Watch (HRW) ha instado a la Unión Europea, que firmó en julio un acuerdo migratorio con Túnez, a suspender su apoyo financiero destinado al control de sus fronteras y advirtió que el país magrebí no es un refugio "seguro" para las personas subsaharianas.
