- El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, informó ayer el Ministerio Público.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región de San Martín, a través de un presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La Fiscalía de la Nación precisó, en un mensaje en Twitter, que el presidente “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política”, que establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso fuera de los casos previstos en la Carta Magna.
Añadió que Castillo fue notificado de la disposición de Sánchez y que se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las otras diligencias, “las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”.
Las investigaciones contra Castillo responden, en parte, a las confesiones de la empresaria Karelim López, quien acusó al jefe de Estado y a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
La empresaria, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos en las altas esferas del poder, rechazó que haya recibido un pago para dar esas declaraciones ante la Fiscalía, a la que ha solicitado acogerse como colaboradora para recibir beneficios judiciales en una investigación por lavado de activos.
