- El Gobierno de Ecuador, agobiado por la inseguridad ciudadana, ha declarado el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública (policías y militares) para que ejerza las acciones contra la delincuencia. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró la noche del pasado lunes el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró “grave conmoción interna” debido al “aumento de la actividad delictiva”, especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) se dispuso la movilización de militares para complementar las acciones policiales. En esas localidades la acción de las fuerzas del orden se sentirá “con fuerza en las calles”, comentó Lasso, que detalló acciones como controles de armas, de tráfico de drogas, inspecciones y patrullas constantes de agentes de las fueras del orden.
Lasso, que complementó su decisión ejecutiva con un mensaje a la nación, anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública, encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad. La medida excepcional “tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la conviven pacífica y el orden público”, precisa el decreto ejecutivo.
Los militares, según el decreto, “en todo momento actuarán en coordinación con la Policía”, encargada de la seguridad ciudadana, bajo los principios de “excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad”, y con apego a las reglas del “uso progresivo de la fuerza”. “En las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico”, que es el motor de otras actividades delictivas, dijo Lasso en su mensaje a la nación pronunciado en paralelo al decreto ejecutivo.
El gobernante recordó que Ecuador ha sido catalogado como un país de tránsito del narcotráfico, pero señaló que esa actividad también ha generado un aumento del consumo interno de sustancias estupefacientes.
“Crearemos la Unida de Defensa Legal de la fuerza pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que sean demandados por cumplir con su deber”, explicó. Según Lasso, “la ley debe intimidar al delincuente no a la policía”, y por ello su Gobierno indultará a aquellos agentes que hayan sido “injustamente condenados” por este tipo de acciones.
El Gobierno, en consecuencia, enviará a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley para respaldar a los agentes del orden, añadió el gobernante ecuatoriano.
