- La nueva ley de seguridad para Hong Kong es necesaria y nadie debería imponer sanciones a China por ello, aseveran los expertos chinos, mientras que entre los hongkoneses abunda el miedo a que la legislación se convierta en un arma de persecución política. Mientras algunos países occidentales responden airados a la normativa y calculan sus consecuencias, la gran pregunta en la ciudad financiera es si la ley castigará solo a quienes se comportan de forma violenta en las manifestaciones desatadas hace ya más de un año o si establecerá mecanismos para eliminar cualquier conato de disidencia.
Así, organizaciones del llamado movimiento prodemocrático como Demosisto han decidido disolverse para sortear la ley, que establece penas de hasta cadena perpetua para delitos de “secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional”. Muchos activistas hongkoneses que se oponen a Pekín replantean ahora su estrategia. Temen que China pueda usar el texto para perseguirles por sus ideas -en la manifestación del 1 de julio la Policía local detuvo a varias personas por portar banderas independentistas- y de paso impida su participación en las próximas elecciones legislativas previstas para septiembre.
Las repercusiones que tendrá la ley en las relaciones de China con el resto del mundo están también sobre la mesa: hasta ahora, ha provocado críticas y el rechazo frontal de Estados Unidos o el Reino Unido, así como de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, y generado dudas en la Unión Europea.
Por otro lado, China quiere mostrar que no tiene miedo, y ya ha avanzado que tomará represalias contra Reino Unido por anunciar que concederá permisos de residencia y nacionalidad británica a los habitantes de la excolonia que cumplan los requisitos para ello, e incluso acusa a Londres de violar los acuerdos alcanzados para la vuelta de Hong Kong a su soberanía.
