Con elecciones legislativas y presidenciales y la aplicación del acuerdo de paz con las FARC, Colombia encara un 2018 cargado en materia política. La economía también es protagonista, pues el país busca depender menos del petróleo y ganar presencia en la comunidad internacional.
Colombia está en plena aplicación de un acuerdo de paz que dio fin al enfrentamiento de más de medio siglo entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Haber mantenido la sigla, sumado a la poca experiencia de la antigua guerrilla en política y a la polarización que ha generado el nuevo partido en la opinión pública, derivó en que a su primer mitin, el pasado 27 de enero en un barrio popular de Bogotá, sólo acudieran unas doscientas personas. Además, en el inicio de su recorrido por el país, en la ciudad cafetera de Armenia, al candidato presidencial, Rodrigo Londoño, lo recibieron con abucheos e insultos.
Pero el posconflicto va más allá del desarme: a largo plazo hay un proyecto para una reforma estructural del agro, donde según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), encargado de producir el mapa oficial y la cartografía de Colombia, el 25% de los propietarios son dueños del 95% de las tierras. Asimismo, los antiguos guerrilleros están en proceso de reinserción social, mientras que los campesinos que llevan décadas cultivando coca deben pasarse a productos lícitos, lo que sería menos rentable para ellos y para los narcotraficantes que los presionan para no hacerlo.
También se debe reparar a las víctimas, pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz a los ex guerrilleros y hacer frente al asesinato de líderes sociales, entre otros puntos sujetos al cambio de mando en el Congreso y en la Presidencia.
Uno de esos puntos es el de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito, actualmente suspendidas por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos después de que hace una semana la guerrilla se adjudicase dos atentados contra policías en el norte del país, que se saldaron con siete muertos.
El posconflicto forma parte del capital político de los candidatos a congresistas y a presidente y es casi una preocupación secundaria para muchos colombianos.
Según la encuesta Invamer, cuyos resultados fueron publicados hace unos días por los grandes medios en Colombia, el desempleo, la corrupción y la salud son los temas que más preocupan a la población y el 76,7% de los encuestados cree que el país va por mal camino.
Los políticos han tratado de captar votos a través de promesas en torno a estos y otros temas, como la escasez de vivienda, la desigualdad y la inseguridad. Uno de los grupos que lo ha hecho mejor gracias a su red de políticos a escala regional y local es el de Germán Vargas, que renunció a la vicepresidencia para lanzar su candidatura, apoyado por Cambio Radical, partido inmerso en escándalos de corrupción e incluso asesinato.
También a la derecha está el Centro Democrático, partido del ex presidente Álvaro Uribe, opositor al proceso de paz con las FARC y al presidente Santos. El partido de Uribe tiene como candidato presidencial a Iván Duque, de 41 años, quien se medirá el 11 de marzo, día de las elecciones legislativas, a Marta Lucía Ramírez, candidata del ex presidente Andrés Pastrana y de parte del Partido Conservador, y al ex procurador Alejandro Ordóñez, para definir la candidatura de la coalición de los dos ex presidentes.
Otra consulta interpartidista será en parte de la izquierda, entre el caribeño Carlos Caicedo y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que lidera el movimiento Colombia Humana y que según los últimos resultados de la encuesta Invamer lidera la intención de voto para presidente con un 23,5%.
A Petro lo sigue de cerca, con un 20,2%, Sergio Fajardo, matemático, ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín que se muestra ajeno a la política tradicional.
Juan Manuel Santos, por su parte, parece querer heredarle su legado a Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno con las FARC, quien no despega en las encuestas por el desprestigio del Gobierno y del Partido Liberal y por su anuncio reciente de tener como fórmula vicepresidencial a Clara López, del izquierdista Polo Democrático.
En las filas de la izquierda, finalmente, también están Piedad Córdoba, que manifiesta abiertamente su apoyo al Gobierno venezolano, así como su defensa de los derechos de la mujer, y Rodrigo Londoño, candidato de la FARC, partido que tendrá cinco escaños en ambas cámaras más allá de los resultados.
La cita con las urnas del 11 de marzo será la antesala de la primera vuelta presidencial, que será el 27 de mayo. La segunda vuelta, en caso de que ningún candidato obtenga mayoría absoluta, se llevará a cabo el 17 de junio.
la economía, el objetivo El próximo presidente y los próximos legisladores recibirán de Juan Manuel Santos su apuesta principal junto a la del proceso de paz con las FARC: el ingreso de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proceso que inició en 2013.
Colombia ha cumplido las recomendaciones de 21 de los 23 comités designados por la OCDE para avalar la adhesión del país, que de confirmarse aportaría ventajas como la aceleración de inversiones extranjeras, la participación en los foros destinados a compartir las experiencias de los países para superar retos económicos y sociales, la facilidad de acceso a créditos internacionales o el fomento de las actividades comerciales.
Esto ayudaría a mejorar la imagen del país, afectada por la violencia y el narcotráfico, a diversificar su economía, que se ha visto resentida por la caída del precio del petróleo, y a fortalecer de la institucionalidad, factor clave para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo de políticas que estén enmarcadas en proyectos de Estado y no sólo de Gobierno.
Corrupción. El fin del conflicto con las FARC llevó a que la indignación de los colombianos girase hacia lo que hacen sus políticos.
Coca. Pese a los discursos sobre la paz, Colombia tiene unas 150.000 hectáreas de coca, con la violencia que eso implica.
Con esas palabras, el presidente colombiano empezó la alocución en la que anunció el cese de los diálogos de paz con el ELN, tras los atentados contra la Policía por parte de la guerrilla.