“Quién sabe que hace meses las revueltas se saldaron con 170 campesinos muertos?”, inquiere Jhon Bazán Aguilar desde Lima. Efectivamente, las violaciones de derechos de los indígenas peruanos no suelen abrir informativos ni periódicos, pero por ejemplo Amnistía Internacional (AI) viene subrayando que el Gobierno elegido en 2016, virtualmente alejado de la dictadura de Alberto Fujimori, debe integrar “una agenda de Derechos Humanos”. El experto en la zona de Mugarik Gabe, Jesús González Pazos, tampoco usa paños calientes: “Los pueblos indígenas y sus derechos son permanentemente violados e invisibilizados en Perú”.

De abuela vasca, Jhon Bazán tomó el testigo del también vasco Francisco Igartua, el primer periodista que osó denunciar “la ejecución del plan cívico militar en el Perú el 5 de abril de 1992”, relata el actual director de la revista Oiga. Una publicación cultural y política que, cuenta Bazán, ha sido atacada con crudeza por el régimen peruano en las últimas décadas. Con y sin Fujimori en el poder.

Además de las organizaciones humanitarias citadas, el periódico británico The Guardian ha denunciado detalladamente que las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas fueron una práctica extendida bajo el mando de Alberto Fujimori (1990-2000), en un intento de debilitar a dichas poblaciones. Francisco Igartua se aventuró a realizar en 1993 “el único testimonio periodístico escrito que avala estas denuncias, basado en cuatro cuadernillos que le fueron entregados por unos militares contrarios al régimen cívico militar de entonces”, apunta Jhon Bazán a DNA.

La reacción del régimen encabezado por Fujimori -con poder absoluto tras el autogolpe del 92- no se hizo esperar, narra Bazán, y el documento “fue sustraído misteriosamente de la oficina de Igartua” y se produjo “un acoso publicitario y tributario”, ya que la prensa se sostenía en buena parte con los anuncios institucionales y, si la socavaba por ahí, podía pasar lo que ocurrió: que se debilitó hasta quedarse sin local ni fondos. Bazán publicó después, en el libro Francisco Igartua, Oiga y una pasión quijotesca, que “los anuncios o avisos se publicaban de acuerdo al capricho del régimen”.

“El pueblo vasco sufrió durante el franquismo muchos atropellos, pero el propuesto por el gobierno cívico militar en el Perú fue atroz: considerar a las poblaciones indígenas como excedente poblacional y hacer de las esterilizaciones forzadas política de Estado... nos hacen recordar cercanos genocidios vividos en pleno siglo XX”, apunta Jhon Bazán.

Así, la Sunat -entidad que recauda los impuestos en Perú- acosaba a los medios contrarios al régimen, a través de la hostigación tributaria: “Amenazaban con mandar presos a los directores de medios opositores por deudas tributarias”. Y las agencias que proporcionaban anuncios “se negaron, como el Estado, a publicitar en Oiga, y finalmente la revista colapsó”.

Lo que hizo Igartua entonces fue vender la mancheta (de la revista) para poder abonar a sus empleados sus beneficios sociales. Desde 1998 hasta 2008, Bazán ayudó a Igartua a intentar recuperar la publicación: Francisco, Paco, no llegó a ver tal proyecto satisfecho, pero Bazán cumplió “con la promesa de hacerlo, pese a las visicitudes del tiempo y de no contar con ningún respaldo económico”.

Además, el 8 de noviembre de 2010 Jhon publicó Francisco Igartua..., en el que compendiaba “su azarosa vida como periodista. Con gran esfuerzo se agregó a la obra los anexos del Plan Verde. Lo interesante es que el contenido no fue negado por los aludidos, que se encontraban siendo juzgados o en la cárcel”, explica Bazán.

El libro estaba preparado para la imprenta el 13 de mayo de 2010, “pero en esa ocasión personas misteriosas saquearon la casa del diseñador donde estaba y se lo llevaron todo. Dos días después apareció su coche sano y salvo. Mensaje que se entendió como un aviso para que no saliera el libro”, continúa Bazán. El diseñador, señala, consiguió una máquina nueva y “se volvió a editar. Hice un último esfuerzo y anexé el Plan Verde”, narra.

Hasta ese momento, subraya Bazán, “el tema de las esterilizaciones se había basado únicamente en los testimonios personales de los afectados. Muerto Igartua el 24 de marzo de 2004, no quedaba ninguna prueba documentaria”.

persecución constante A vueltas con el material en su momento desaparecido, “devuelto a finales de 2010 por una fuente muy cercana a la revista” al director de Arantzazu Euzko Etxea Lima y director Fondo Editorial Revista Oiga, por razones de seguridad se mantuvo en custodia, y recientemente Jhon Bazán emprendió los trámites para entregarlo “al poder judicial peruano”. Pero el esfuerzo sigue siendo hercúleo: “Mi oficina fue sistemáticamente saqueada. Se llevaron todo en diciembre de 2013. Pero tuve la precaución de llevarme a casa de unos parientes parte de los archivos incunables que había ido recuperando”, narra a este diario.

Hasta que Igartua y Bazán compilaron la controvertida documentación, era difícil conocer la realidad de las esterilizaciones, “pero gracias a la participación de varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos se ha podido reabrir el caso”, explica Bazán. El material recabado por ambos informadores “son los únicos documentos periodísticos con sellos y firma que confirman que el asunto de la reducción del excedente poblacional (poblaciones campesinas y de zonas marginales de las principales ciudades del Perú), a través de medidas compulsivas de esterilización, fueron una política de Estado”.

En enero de 2017, falleció Monseñor Jose Luis Astigarraga C.P, obispo vasco en misiones de la selva oriental de Perú. “Se enfrentó a las multinacionales que trataron de comprar (despojar) a las comunidades nativas de sus tierras ancestrales”, describe Bazán, quien en su libro sobre Igartua lo define así: “Paco fue peruanísimo, también un buen vasco y un hijo de España. Figuras simbólicas como la de Don Quijote y la del Cid Ruy Díaz de Vivar rondarán su destino”.

Una de las peleas del equipo de John Bazán ha sido y es denunciar el “Plan Verde” Cívico Militar del Ejecutivo de Fujimori “para coactar la democracia e instaurar una dictadura que hizo y deshizo en el Perú”. Documento que ya tuvo en sus manos Igartua, detalla “el exterminio del excedente poblacional donde se mezcla a los autores con sus familiares, similares a la corresponsabilidad familiar importada por gobiernos totalitarios de cualquier parte del mundo (...) La ligadura de trompas como medio para reducir la tasa de natalidad, con incentivos pecuniarios a los que mejor lograsen sus metas, sin respetar la condición ni la edad de las afectadas, es completamente horroroso”, denuncia Bazán. El afán del periodista es testimoniar lo que pasó “en una época de vergüenza para nuestro país; por eso no debe ser olvidado sino conocido por todos”.

Desde Mugarik Gabe, también, suelen preocuparse por hacer públicas estas injusticias. “Los derechos de los pueblos indígenas vienen siendo permanentemente violados e invisibilizados: desde la des-identidad, desindianización del antiplano (y su campesinización) hasta pueblos que hoy todavía están en aislamiento voluntario en las áreas más alejadas en las fronteras con Brasil”, enumera Jesús González Pazos, antropólogo y gran conocedor de Latinoamérica.

Pazos destaca que, pese a las dificultades, hay un “fuerte proceso de reorganización y fortalecimiento en las demandas de derechos de estos pueblos que, iniciándose en la Amazonía, ya alcanza el altiplano”. Jesús suele subrayar el expolio ejercido por transnacionales en buena parte de América Latina. “Para la explotación de la enorme riqueza de biodiversidad que guardan en estos inmensos territorios”. Como reacción a las transnacionales extractivas, ha habido protestas con proyección internacional, como las de Bagua, Conga y Arequipa.

El drama es que, aun con Alberto Fujimori en la cárcel, los pueblos nativos continúan sufriendo de forma similar: “Los territorios indígenas siguen siendo avasallados y explotados, sin consulta (Convenio 169 de la OIT) ni participación de estos pueblos. Los golpes más duros se los suele llevar la Amazonía, con derrames petroleros y deforestaciones, principalmente. En la sierra (Andes) sigue dominando la minería más dañina (explotaciones a cielo abierto). Es decir, las empresas, adscritas a la oligarquía local y las transnacionales, con la cobertura del Estado, siguen entrando a los territorios sin control”.

AI sigue reivindicando los derechos de estos pueblos. En 2016, pidió a los dos candidatos al balotaje “que se comprometan a garantizar la dignidad de las personas”, concretamente de los pueblos indígenas “y los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Y acabar con la impunidad de las violaciones de Derechos Humanos”. La pasada semana, la ONG denunció que Lima está desatendiendo la salud de cientos de indígenas expuestos a ríos contaminados por metales tóxicos e hidrocarburos. La sombra de Fujimori es alargada...