caracas - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora representa una “ruptura del orden constitucional” en el país. “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
Luisa Ortega se refirió al asunto como, dijo, su “obligación” de manifestar ante el país su “alta preocupación por tal evento”.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el miércoles asumir las competencias del Parlamento, que es controlado por la oposición, por persistir en el “desacato”, una decisión que ha sido recibida por los opositores como un “golpe de estado”. Como máxima representante del Ministerio Público, “llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando al Carta Magna propiciemos un ambiente de respetó y pluralidad”, invitó Ortega tras referirse a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el “contrato social” en el que participaron todos venezolanos.
La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir “caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población”, dijo.
Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que estos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro desde el 5 de enero de 2016, fue declarado en desacato seis días después de asumir el poder por desconocer una decisión expresa del Supremo que ordenaba no investir a tres de los 112 opositores que obtuvieron la victoria en las legislativas. La directiva que asumió el Legislativo entonces decidió juramentar a los tres parlamentarios indígenas alegando su investidura es un mandato popular alcanzado en las urnas, y que el máximo tribunal carece de legalidad por ser designado en una sesión exprés hecha por el chavismo a última hora después de saber que había perdido la mayoría parlamentaria.
La Asamblea Nacional denunció ayer a los siete magistrados que conforman la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como primer paso para su destitución por haber “secuestrado los derechos del pueblo”.
la onu pide diálogo El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó ayer al Gobierno de Venezuela y a la oposición a reactivar el diálogo, al tiempo que subrayó la importancia de la separación de poderes y el respeto del Estado de derecho. “El secretario general está preocupado por los últimos acontecimientos en Venezuela”, dijo su portavoz Farhan Haq, tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias de la Asamblea Nacional. Guterres, dijo Haq, llama al Ejecutivo y a la oposición a volver al diálogo facilitado por El Vaticano y los exgobernantes Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Luis Rodríguez Zapatero (España). El jefe de la ONU considera que “el diálogo debe abordar asuntos clave que el Gobierno y la oposición habían acordado colocar en la agenda, incluido el equilibrio de poder entre las ramas del Estado”, señaló el portavoz.
Además, Guterres subrayó la “importancia de adherirse al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la Constitución, a la vez que se asegura el respeto de los derechos humanos”. El diplomático portugués, añadió Haq, confía en que “todos los actores nacionales den pasos significativos para reducir inmediatamente la polarización y evitar confrontaciones”.
La reacción de Guterres se suma al mensaje del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, quien ayer pidió al Tribunal Supremo venezolano que reconsidere su decisión en vista de que “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.
“Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos”, dijo desde Ginebra Zeid, que expresó su “grave preocupación” por la medida adoptada por la Corte.
reunión urgente de la OEA El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó ayer formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Almagro pide que en esa sesión se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), “así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”, según la solicitud, firmada ayer. Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general y a cualquier Estado miembro para solicitar una sesión de “apreciación colectiva de la situación” donde se puedan “adoptar las decisiones que se estimen convenientes” cuando en un país se produzca “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. El excandidato opositor Henrique Capriles aseguró desde Washington que la reunión tendrá lugar de urgencia la próxima semana trasrla petición de Argentina, donde se desplazó la mujer de Leopoldo López Lilian Tintori. - Efe
