Ankara/Estambul - Miles de militares, policías, jueces, funcionarios y hasta conserjes turcos han sido destituidos o detenidos acusados de participar en el fallido golpe de Estado o de seguir a Fethullah Gülen, el predicador al que el Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonada.

La supuesta implicación de este imán, residente en Estados Unidos desde 1999, volvió a ser señalada ayer sin dudarlo por el primer ministro, Binali Yildirim. “Esto ha sido un golpe contra la democracia turca y está claro quién lo hizo. Todos sabemos que el imán (Gülen) está detrás de ello”, sentenció el jefe del Ejecutivo.

Yildirim aseguró que en distintos ministerios hay funcionarios que se han unido a la “organización terrorista”, en referencia a “Hizmet” (Servicio), la influyente red de seguidores de Gülen, que hasta hace apenas tres años fue un estrecho aliado de Erdogan y de su partido, el islamista AKP. “Hemos empezado a limpiarlos”, anunció el primer ministro, continuando la retórica iniciada por Erdogan la misma noche del golpe, cuando se refirió a la asonada como un “regalo de dios” que permitiría limpiar el Ejército de elementos gülenistas.

Las cifras dadas por Yildirim confirman que se trata de una “limpieza” a fondo. Unos 8.777 funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y altos mandos de la Policía y la Gendarmería, han sido destituidos. Otros 1.500 han sido apartados de sus cargos en otros ministerios. Un total de 2.745 jueves y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.

Un gobernador provincial, 29 exgobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos han caído en esta depuración. En esa lista no se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay 112 generales, casi un tercio de los 356 generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas. Cifras todas, de detenidos y destituidos, que Yildirim advirtió “van a cambiar”, dejando claro que la purga continuará.

evitar la huida del país Los militares detenidos están acusados de conspiración para cambiar el orden constitucional por las armas”, “resistencia armada contra la autoridad”, “creación de una organización armada” y, en algunos casos, de “conspiración y realización de un ataque al presidente. Entre ellos se cuenta el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno, que aseguró ayer que no participó en la asonada y que incluso trató de detenerla.

La purga de esos elementos “gülenistas” en la Administración pública, lo que Erdogan llama el “Estado paralelo”, ha llegado al punto de restringirse desde ayer que los funcionarios puedan abandonar el país, para evitar huidas de supuestos colaboradores con el Golpe.

Esta oleada de detenciones y destituciones continúa y acelera la purga iniciada hace más de dos años contra la presencia de seguidores de Gülen en puestos claves del Estado. Puestos a los que en su día llegaron con el beneplácito de Erdogan y en los que fueron desplazando a los funcionarios de la vieja escuela kemalista y laica, introduciendo en la Administración pública una visión islamista, a favor del cumplimiento de las normas religiosas y una mayor segregación entre mujeres y hombres.

Pena de muerte Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al Gobierno democráticamente elegido ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004. Erdogan ya se refirió a ello el domingo, ante una multitud que pedía a gritos la ejecución de los “traidores”.

Ayer, de nuevo, dijo que si el Parlamento se pronuncia en ese sentido, él aceptará la reintroducción de la pena capital. Insistió en su disposición a aceptar que el Parlamento restablezca la pena capital, cuya abolición se inició en 2002, como reacción al golpe de Estado fallido.

En una entrevista a la emisora estadounidense CNN desde el Palacio Presidencial en Estambul, Erdogan indicó que el levantamiento militar ha sido “un claro crimen de traición”. “Pero, por supuesto, será necesaria una decisión parlamentaria para pasar a la acción en forma de una medida constitucional. Así, los líderes (políticos) tendrán que reunirse y discutirlo y si ellos aceptan discutirlo yo, como presidente, aprobaré cualquier decisión que salga del Parlamento”, señaló el jefe del Estado.

También el primer ministro, Binali Yildirim, se refirió ayer a esa posibilidad. “Turquía es un Estado de derecho. La gente lo pidió a gritos (la pena de muerte) en las calles. Hacemos política para realizar las peticiones de la gente”, dijo el jefe del Ejecutivo. El jefe del Gobierno sí aseguró que una decisión así no puede tomarse con “la excitación de estos días” y que es un tema que debe debatirse en el Parlamento. “No podemos decir ni sí ni no por adelantado”, señaló.

La pena capital en tiempo de paz fue abolida por el Parlamento turco en agosto de 2002 y dos años después fue descartada también su aplicación por la legislación militar y en casos excepcionales, como periodos de guerra o delitos de terrorismo.

El primer ministro tiene previsto reunirse hoy con los líderes de las otras fuerzas parlamentarias para debatir este tema.- Efe