Las comunidades gobernadas por el PP habían avanzado que no asistirían a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados por considerar que el Gobierno español pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial.

La reunión estaba convocada a las 9:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.

Cancelada a última hora

Finalmente, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no se celebrará después de que el Gobierno haya comprobado la falta de quorum para llevarla a cabo debido al plante de las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal".

Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia media hora después de lo que debía ser el comienzo de la reunión, a las 9:30 horas, a la que sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Euskadi, Navarra, Catalunya y Castilla-La Mancha.

Las comunidades presididas por el PP han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, diez de estas comunidades autónomas y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.

Ahora estas comunidades han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es "ilegal", algo que desde el Ministerio niegan tajantemente.

Menores migrantes

La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

La distancia es tal que se llegaba a la Conferencia Sectorial sin un orden del día aprobado, tras haber sido rechazado por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, lo que para los populares convierte en "ilegal" la convocatoria de este jueves.

"Tengo que decir que no soy optimista", aventuró este miércoles el ministro de Política Territorial y responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres. Además de los gobierno del PP, se ha manifestado también en contra el de Castilla-La Mancha, que ha advertido de que la cifra planteada es "inasumible" con la financiación con la que va a acompañada.

Cifras

La cifra total de traslados desde el archipiélago con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571, mientras que Catalunya y Euskadi no tendrían que acoger a ninguno. Aun así, Catalunya ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.

"Son personas a proteger, no paquetes a repartir", han denunciado desde el PP, que acusa al Gobierno español de utilizar a los menores como escudo político con un reparto diseñado para enfrentar a las comunidades entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Catalunya y Euskadi, sus socios parlamentarios en el Congreso.