Chile goza de una envidiable combinación de estabilidad y crecimiento económico (entre 5 y 5,5% de promedio), sin embargo, las demandas sociales han revuelto las aguas en los últimos tres años. Es el caso de las protestas de los estudiantes chilenos, cuya lucha por una educación pública gratuita y de calidad -y por el fin del lucro en la educación privada- ha acaparado titulares de medio mundo, por lo que no es de extrañar que este tema se haya colado en parte de los programas electorales de cara a las elecciones presidenciales de hoy.
La gran favorita de la cita electoral es un rostro muy conocido tanto en el país como en el resto del mundo: la primera presidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010), que dejó el cargo con unos altísimos índices de popularidad. Su entorno más cercano asegura que Bachelet "no es la misma" que tomó hace más de siete años las riendas del país. "Dentro de mí algo cambió. Ya fui presidenta y eso te da una parada distinta, un mirar las cosas que no va a ser nunca igual que antes", reconoció la candidata de la alianza de centroizquierda Nueva Mayoría en una entrevista realizada el pasado marzo, cuando abandonó la dirección de ONU Mujeres y regresó a Chile.
Bachelet se presenta con la misma coalición que gobernó, a la que se ha sumado el Partido Comunista -que podría acceder al poder por primera vez en 40 años- y algunos líderes estudiantiles que encabezaron las protestas de 2011. Las encuestas vaticinan el triunfo de la alianza de centroizquierda incluso en la primera vuelta electoral, para lo que necesita obtener el 50% más uno, frente al 15% que dan a su rival, la centroderechista Evelyn Matthei, de la coalición Alianza. Si el programa electoral de su contrincante apuesta por dar continuidad al modelo económico vigente, que ha dado buenos resultados macreoeconómicos pero que ha subrayado la desigualdad en la distribución de los ingresos de los chilenos, el de Bachelet supone una ruptura con parte del sistema neoliberal que impera desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La propuesta de Bachelet se basa en tres reformas: la constitucional, la tributaria y la de la educación. Sobre el primer punto, Bachelet no ha anunciado aún el mecanismo con el que pretende elaborar una nueva Carta Magna; es más, su programa electoral se limita a señalar que será un proceso "democrático, institucional y participativo". Tampoco se ha referido a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, como piden algunas organizaciones sociales y políticas.
La reforma constitucional, uno de los temas de mayor debate en la campaña electoral, es apoyada por ocho de los nueve candidatos a las presidenciales -a excepción del oficialismo encabezado por Matthei-. La Carta Magna, herencia de la dictadura militar, fue modificada parcialmente por el presidente socialista Ricardo Lagos en 2005, que eliminó varios artículos sobre el papel de las fuerzas armadas, que el texto establecía como "garantes del Estado de Derecho y la Democracia". Sin embargo, estos cambios resultan insuficientes. "Debe establecer una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos", ha señalado la exmandataria.
Herencia de la dictadura De Pinochet quedan hoy también la polémica Ley Antiterrorista, que el Estado aplica al pueblo mapuche que reclama el reconocimiento de su identidad cultural, autonomía jurisdiccional, la recuperación de sus tierras ancestrales y beneficios económicos. Hasta ahora, la estrategia de los diferentes gobiernos, incluido el primero de Bachelet, para hacer frente al conflicto mapuche ha sido la represión; sin embargo, la candidata de centroizquierda aboga ahora por dejar de aplicar la Ley Antiterrorista a miembros de pueblos indígenas por actos de demanda social. Asimismo, propone la creación de un Ministerio para Asuntos Indígenas.
Otra de las herencias es el sistema educativo, reformado en 1981 por Pinochet. La dictadura eliminó la educación universitaria gratuita y, a partir de entonces, los alumnos que no pueden costearse los estudios superiores deben pedir créditos, ya sea estatales (si van a la universidad pública, que recibe algunos aportes del Estado) o bancarios (si estudian en un instituto privado). Además, en 1990, Pinochet redujo el papel del Estado en la educación y delegó la enseñanza en el sector privado.
Esta ley abrió las puertas al lucro en la educación. Hoy en día, el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que el 75% restante depende de los aportes de los estudiantes. Asimismo, la educación gratuita solo está garantizada en el nivel básico, por lo que, a partir de la secundario, las escuelas pueden cobrar cuotas.
"¿Por qué debe depender de lo que uno pueda pagar", asegura Bachelet. La exmandataria ha asumido de esta forma la principal demanda de las protestas estudiantiles que sacudieron el país en 2011. El programa electoral de la exmandataria propone la gratuidad universal de la educación a través de un proceso transitorio de seis años, en los que la subvención estatal irá aumentando gradualmente y el pago por parte de los apoderados, disminuyendo hasta ser completamente eliminado. "Nuestra sociedad debe abandonar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo". Bachelet aboga por un fortalecimiento del papel del Estado, por transformar la educación en un derecho social.
En el tema educativo, Matthei propone "la estimulación temprana". La candidata del centroderecha ha anunciado también una "subvención escolar familiar" para ayudar a financiar la escolarización de los más pequeños, una subida de suelo a los profesores y un premio a los docentes de excelencia que den clases en los colegios de sectores vulnerables del país.
Ambas candidatas abogan por mejorar el sistema de salud público y discrepan sobre el aborto, prohibido en el país en todas sus formas, y que Bachelet propone despenalizar en tres casos: si corre peligro la vida de la madre, por violación o por inviabilidad del feto, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que la candidata de centroizquierda pretende abrir el debate a esta posibilidad.
Matthei ha criticado con fuerza las propuestas de Bachelet: "Los chilenos no estamos para experimentos. Mientras algunos proponen reinventar el país adoptando medidas radicales que han probado su fracaso en el mundo, lo que encontrarán en mi programa electoral son reformas necesarias para que, manteniendo el crecimiento y la estabilidad, la prosperidad llegue a todos los rincones del país, tal como lo han realizado países como Alemania o las naciones escandinavas". "Cuando alguien está anunciando que va a cambiar por completo la Constitución y que va a hacer una reforma total y profunda del sistema tributario, lo que está haciendo es introducir elementos de inseguridad hacia el futuro que van a paralizar la inversión, el crecimiento y la creación de empleos", sostiene.
Reforma tributaria Bachelet propone financiar la reforma educativa con la reforma tributaria, basada en "el que más tiene, más paga". La meta de recaudación será del 3% del PIB -un 2,5% proveniente de cambios a la estructura tributaria y el 0,5% de medidas que combatan la evasión fiscal-. La candidata pretende elevar la tasa del impuesto a las empresas del 20 al 25%, una medida muy criticada por el oficialismo. El jefe de campaña de Matthei, el economista Felipe Morandé, ha advertido de que "podría provocar un serio daño a la inversión privada y, por esa vía, bajar la tasa de crecimiento potencial hasta el 4%".
Las previsiones apuntan a un menor crecimiento de la economía para el próximo año, situado entre el 4 y el 4,5%, que los expertos atribuyen, principalmente, a la bajada del precios del cobre, la principal fuente de ingresos del país. El futuro Gobierno chileno, por tanto, no lo tendrá fácil con los conflictos sociales aún a flor de piel.
