washington. La Cámara de Representantes de EEUU lanzó ayer un órdago a la Casa Blanca al aprobar un plan presupuestario que vuelve a atacar la reforma sanitaria y que tiene opciones casi nulas de respaldo en el Senado, lo que colocó al país al borde del primer cierre parcial del Gobierno federal en 17 años.

Los legisladores aprobaron la madrugada del domingo, por estrecha mayoría, un proyecto de ley impulsado por la bancada republicana y que ya ha sido amenazado con el rechazo de los demócratas del Senado y el veto presidencial.

La maniobra supone la culminación de una larga batalla de los republicanos contra la reforma sanitaria aprobada en 2010 por el presidente Barack Obama e ilustra los profundos desacuerdos que persisten 48 horas antes de que se agoten los fondos para financiar todas las actividades del Gobierno y comience el temido cierre. "Quiero que el pueblo estadounidense sepa que los republicanos están cerrando el Gobierno. Y lo están haciendo a propósito", dijo en el debate previo a la votación la congresista demócrata Donna Edwards. En realidad, el plan aprobado ayer por la Cámara sí sienta las bases para evitar el cierre del Gobierno, dado que extiende los fondos para las actividades no esenciales de las agencias federales hasta el próximo 15 de diciembre.

Sin embargo, lo hace a través de dos enmiendas que son inaceptables para los demócratas y la Casa Blanca: una que retrasaría la aplicación de la reforma sanitaria al menos un año, y otra que eliminaría un impuesto del 2,3% en los dispositivos médicos que entró en vigor a raíz de la propia ley de salud.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, aseguró tras la votación que aplazar la reforma sanitaria es "lo justo dadas las excepciones que la Casa Blanca ha permitido a grandes empresas y compañías aseguradoras". Pero el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ya adelantó el sábado que su hemiciclo "rechazará un retraso de un año en la implementación de la reforma de salud y la cancelación del impuesto sobre equipos médicos", mientras que el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dejó clara la oposición de Obama a la medida.

militares En paralelo, la Cámara Baja aprobó otro proyecto de ley que garantizaría que se siga pagando a los militares en caso de un cierre temporal del Gobierno. Una parálisis de parte del Gobierno federal obligaría a mandar a casa durante el tiempo que dure la escasez de fondos a hasta 800.000 funcionarios y podría costar más de mil millones de dólares, según la Casa Blanca.

"Los cierres del Gobierno anteriores han perturbado la economía, y éste también lo hará", alertó Obama el sábado.