Buenos Aires. La Justicia argentina inició ayer el tercer juicio de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar que, por primera vez, juzga a tripulantes de los llamados vuelos de la muerte.
Un total de 68 acusados por más de 600 delitos serán juzgados en el tercer tramo de la causa de la ESMA, el mayor centro de detención clandestina del país, por donde pasaron unas 5.000 víctimas de la represión.
Entre los acusados figuran Jorge Eduardo Acosta, ex capitán de fragata y antiguo jefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; el ex capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, y el ex capitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido también como el Ángel Rubio o el Ángel de la muerte.
Además se procesará a los civiles Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, integrante del grupo de Tareas de la ESMA y defensor de represores, y al economista Juan Ernesto Alemann, exfuncionario acusado de torturas.
Agrupaciones de familiares de los desaparecidos, como las Madres de la Plaza de Mayo o HIJOS, junto a organizaciones estudiantiles y a favor de los derechos humanos, se congregaron frente a los Tribunales Federales de Buenos Aires para celebrar el procesamiento de los acusados. Carlos Pisoni, de la organización HIJOS, subrayó la importancia de que finalmente se lleve ante la Justicia a los tripulantes de los llamados vuelos de la muerte.
"A nosotros nos resulta fundamental que estén porque queremos saber dónde están nuestros desaparecidos. No sabemos dónde fueron arrojados, no sabemos dónde están sus cuerpos, tenemos presunciones pero queremos saber por parte de ellos y que nos digan la verdad", explicó Pisoni, hijo de desaparecidos en la dictadura.
Para Tati Almeida, de Madres de la Plaza de Mayo, se trata de un "día histórico" porque en este juicio no solo se juzga a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas argentinas, sino también a civiles.
El proceso podría extenderse en el tiempo y llegar a durar hasta dos años, lo que ha llevado a los abogados querellantes a pedir celeridad a la Justicia para evitar que los acusados, muchos de avanzada edad, fallezcan antes de que se resuelva la causa.
"Se reclama que se apuren en estos juicios para evitar lo que llamamos la impunidad biológica, que por cuestiones de salud los imputados no sean condenados o acaben falleciendo antes de la condena", explicó uno de los abogados de la acusación, Pablo Llonto.
La segunda fase de esta megacausa, que se compone de nueve procesos judiciales por crímenes cometidos en la cárcel clandestina, concluyó en octubre de 2011 con 16 condenados tras escuchar a unos 180 testigos.
