Lisboa. Portugal vivió ayer sin incidentes una huelga general que los sindicatos consideran como la más importante de los últimos 23 años, con mayor seguimiento que la de 2010, cuando estimaron que tres de cada cuatro trabajadores se sumó a la protesta. Pero el Gobierno conservador, que asumió el poder en junio, sólo dio datos sobre su incidencia entre los funcionarios públicos y aseguró que fue baja, menor del 10,5%.
En una rueda de prensa conjunta, los líderes de la Confederación General de Trabajadores (CGTP, comunista) y de la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) declinaron facilitar cifras concretas y acusaron al Gobierno conservador de "mentir" con sus cifras para restar importancia al paro. Tanto el secretario general de la CGTP, Manuel Carvalho da Silva, como su homólogo de la UGT, Joao Proença, que juntos representan a más de un millón de afiliados, según sus propias cifras, criticaron duramente la política económica del Gobierno conservador y, sobre todo, su plan de incrementar en media hora diaria la jornada laboral. "Esta huelga ha sido superior en dimensión a la del año pasado", subrayó Carvalho da Silva, que puso como ejemplos de gran seguimiento Autoeuropa de Volkswagen (la mayor fábrica del país), las empresas del grupo Amorim, la Caixa Geral de Depósitos (el mayor banco luso), el sector portuario, el pesquero y la enseñanza universitaria.
Las impresiones de los sindicatos contrastaron con las cifras facilitadas por el Gobierno, que situó la adhesión de los funcionarios en 43.500 sobre un total de 416.000 y apenas 296 servicios públicos cerrados de un conjunto de 2.410 (el 12,28%). Aunque el Gobierno rehusó comentar el seguimiento de la huelga, el ministro de Asuntos Parlamentarios, Miguel Relvas, que habló tras el consejo de ministros, recordó la magnitud de los retos de Portugal, sujeto a las duras condiciones del rescate financiero de 78.000 millones de euros que obtuvo en mayo.
inoperancia Los entidades patronales y las grandes empresas y grupos industriales tampoco informaron sobre la incidencia de la protesta, que, según los medios de comunicación, fue muy seguida en los transportes públicos y muy débil en el comercio y los servicios.
Los líderes sindicales defendieron durante su intervención la necesidad de continuar con la "lucha" e instaron al Gobierno a replantearse sus últimas medidas de austeridad y a entablar negociaciones con los agentes sociales. Carvalho da Silva y Proença señalaron que las protestas de ayer reflejan el descontento de la población con los ajustes económicos aprobados por los conservadores lusos, que sucedieron a los socialistas en las elecciones anticipadas de junio. "Los presupuestos para 2012 no tienen nada de lo que es fundamental para el país: respuesta al desempleo y a los problemas de las personas", aseveraron.
Los líderes de los dos sindicatos advirtieron de los efectos del desempleo y el "violento recorte de salarios" registrado tanto en el sector privado como en el público y reivindicaron la huelga de como "una señal de crítica muy fuerte al empobrecimiento del país".