Nada más caer el sol, toda Ramala se empapa del cuarto rezo del día, el magrib, y la llamada del almuecín encuentra eco en los minaretes de toda la ciudad mientras la oscuridad alimenta miles de diminutas luces naranjas. El paisaje invita al relajo. En Cisjordania la noticia del canje de prisioneros que ha dado la vuelta al mundo no ha causado el mismo efecto que en Gaza. En la capital oficiosa de la Palestina ocupada el trajín del día a día engulle cualquier atisbo de regocijo y los habitantes se muestran cautos (y pesimistas) ante el acuerdo alcanzado por Hamás y el Gobierno israelí.
En Ramala se encuentra la base de operaciones de ADDAMEER, oficina que asesora a los presos e interviene en su defensa ante los tribunales israelíes. Ellos recogen y actualizan la situación de los 5.374 presos palestinos y árabes que cumplen condena en las prisiones de Israel. El último informe emitido por la agencia revela que entre la población reclusa hay 35 mujeres y 176 niños (31 no han cumplido aún 16 años), además de 22 miembros del Parlamento palestino. Respecto a las condenas, hay 44 presos que han cumplido ya 25 años de cárcel, y cuatro de ellos alcanzan los 30 años de cautiverio. La población reclusa se halla confinada en 23 centros penitenciarios, todos ellos situados en territorio israelí, lo que vulnera el derecho internacional; la decisión fue tomada en 1995, momento en el que se desmantelaron las cárceles de los territorios ocupados y trasladaron a todos los reclusos. "La mayoría de estas prisiones son edificios, pero hay algunas que no, que son simples tiendas de campaña rodeadas de una alambrada y un muro", explica Sahar Francis, directora de la agencia ADDAMEER, quien recalca que "muchos de estos centros son edificios antiguos, de tiempos del mandato británico, y aunque el Tribunal Supremo de Israel ha ordenado derribar algunos y reformar otros nadie ha cumplido la orden".
Condiciones penosas Francis también denuncia las condiciones "deplorables" de estos centros, donde en muchos casos "la luz apenas entra en las celdas, la comida es muy mala y el agua corriente y limpia es una excepción, por no decir que muchos presos duermen en el suelo debido a la falta de camas o literas". En la mayoría de los casos las familias se hacen cargo de la manutención del penado, con el gasto que esto supone.
La mayoría de los presos que han cumplido más de diez años de condena presentan síntomas de enfermedades crónicas y se han dado algunos casos de muerte por falta de atención médica. Así lo constata la directora de ADDAMEER: "Muchas veces no atienden a los presos a tiempo, y a los enfermos terminales les dejan salir para que mueran en sus casas. Así se sacuden la responsabilidad de esas muertes". Desde 1967 han fallecido medio centenar de presos en las prisiones israelíes.
A las malas condiciones carcelarias se suma el sistema represivo penitenciario, que acrecienta el descontento de los cautivos y de sus familiares. "No tienen acceso al teléfono -revela Francis-, a 627 prisioneros de Gaza les deniegan las visitas desde hace cuatro años, y las cartas tardan en llegar a sus manos entre tres y cuatro meses; luego están los castigos y el maltrato, porque les prohíben estudiar, les aíslan y les hacen pagar multas por todo. Por eso ahora están en huelga de hambre".
Detenciones y torturas Desde 1967, fecha en la que tuvo lugar la ocupación definitiva de todo el territorio palestino, han pasado por las cárceles israelíes 750.000 ciudadanos. No hay familia en Palestina que no tenga o no haya tenido algún miembro entre rejas. "Es una estrategia para atacar a la sociedad, porque muchas de esas personas no han sido las mismas después de salir de prisión. Israel ha ordenado detenciones masivas, violando el Derecho Internacional (sobre todo lo estipulado en la 4ª Convención de Ginebra), y han aplicado tribunales militares a presos civiles. Lo han hecho siempre y lo siguen haciendo, mientras que a los colonos se les juzga en tribunales civiles. Y hay una diferencia sutil entre unos y otros", matiza con ironía la directora de la oficina de asistencia a los presos. Se trata del abismo que puede haber entre un juicio civil o un Consejo de Guerra.
Todo el procedimiento de una detención vulnera los derechos básicos de cualquier civil, pero sin embargo aplican estos métodos a destajo, incluso a los palestinos residentes en Israel, quienes se supone que disfrutan de los mismos derechos que un israelí, o casi. Las órdenes de arresto provienen en muchos casos de oficiales del Ejército, se aprovecha el momento de la detención para desordenar y saquear las casas, la tortura es una práctica habitual y finalmente los dejan en manos de tribunales militares, no civiles. Es decir, están más cerca de un Consejo de Guerra que de un juicio civil. "Además -añade Francis-, han llegado a detener a niños de entre 7 y 9 años, aunque después de una horas les sueltan, porque está estipulado que los menores de 12 años no pueden entrar en prisión". La mujer recalca "los menores de 12 años" con un gesto en el que arquea las cejas.
Las condiciones de los presos se deterioraron a partir del secuestro del soldado Gilad Shalit (2006) y las familias han tenido que multiplicar esfuerzos para atender a sus miembros encarcelados. "Necesitan permisos especiales para visitarles, permisos que con frecuencia les deniegan por razones de seguridad; tienen que llevarles ropa, comida y productos para su higiene, por no hablar de aquellos que necesitan atención médica especial o alimentos específicos. Las familias se arruinan", explica la responsable de ADDAMEER.
