BUDAPEST. Márton Vay, portavoz de la oficina local de Greenpeace, explicó a Efe que la empresa sigue vertiendo unos 10 litros de aguas tóxicas por segundo al arroyo Torna, pese a que ya a finales de noviembre la ONG ecologista denunció esta situación.
"Es indignante", aseguró Vay, quien criticó que el Gobierno húngaro permita "este delito ambiental" y deje que la compañía siga produciendo sustancias tóxicas que no tiene capacidad de almacenar.
Según los análisis publicados por Greenpeace y realizados por la Oficina de Protección de Medio Ambiente de Viena, estas aguas superan "significativamente" los límites de contaminación máximos, principalmente en lo que se refiere al arsénico, el aluminio y el carbón orgánico.
Por eso, la organización pide la intervención de la Comisión Europea (CE), para que "el Gobierno deje de poner en peligro a las personas, los animales y el medio ambiente".
Según Vay, esta práctica "no puede continuar así", y añadió que, como se han llenado los contenedores del residuo tóxico, la empresa debería de suspender la producción o asumir los gastos de neutralización de esos componentes venenosos.
"Se aprovechan de que la empresa fue puesta bajo control estatal", denunció el activista.
Los exámenes practicados revelan que en las muestras tomadas la concenración de aluminio supera 100 veces los límites legales, mientras que la presencia de carbón orgánico es 5 veces mayor.
La oficina de prensa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente declinó hacer declaraciones a Efe de momento.
El 4 de octubre de 2010, la rotura de una balsa de la empresa MAL en la ciudad de Ajka causó un vertido de lodos tóxicos que causó la muerte de 10 personas, la contaminación de 40 kilómetros cuadrados y acabó con toda forma de vida en varios ríos. La oleada contaminante estuvo a punto de afectar al río Danubio y obligó a desalojar la localidad de Kolontár.
El Gobierno rechazó tener cualquier responsabilidad en el siniestro, pese a que grupos ecologistas denunciaron que ya meses antes del suceso, se había advertido de que la balsa sufría pérdidas.
Las autoridades húngaras asumieron el control de la compañía, que retomó semanas después la producción de aluminio, y de las sustancias contaminantes generadas en el proceso.
Budapest justificó la reapertura de la fábrica en la defensa de los 3.000 empleos que dependen de su actividad.
