JAPON. La responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España, Celia Ojeda ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que posiblemente la Justicia "está acortando los derechos de la sociedad y de las personas a denunciar los escándalos que están afectando a la naturaleza y en este caso a las ballenas".

Por otro lado, ha declarado que la sentencia también es positiva porque dos compañeros "no irán a la cárcel por haber denunciado el escándalo de corrupción existente con la carne de ballena por parte de Japón". También ha añadido que los ecologistas irán a la cárcel "inmediatamente" si incumplen algunos de los cargos que pesan sobre ellos.

"Aunque el Tribunal reconoce que existen prácticas cuestionables dentro de la industria ballenera, no se reconoce el derecho a denunciarlas, como así garantiza el derecho internacional" ha declarado Sato. Por su parte, Suzuki ha afirmado que esta sentencia es "totalmente desproporcionada e inmerecida".

En cuanto a una posible apelación de la sentencia, Ojeda ha indicado que Greenpeace --que ha realizado una vigilia en las puertas de la Embajada de Japón en Madrid desde las 5 de la madrugada-- la está valorando y "que aún no se ha publicado del todo". "Sabemos que hay una serie de condiciones que no han salido; después se valorará si se apela o no", ha señalado.

Además, ha afirmado que sí se va a seguir trabajando para que se acabe con la caza de ballenas en el 'Santuario de la Antártida' y para que Japón deje de cazar ballenas con la supuesta 'caza científica'.

Durante esta investigación, los dos activistas interceptaron como prueba numerosas cajas que provenían del barco ballenero 'Nisshin Maru' y que contenían carne de ballena destinadas al comercio privado, iniciativa que está penalizada por la regulación del programa de "caza científica", según informa la organización.

Sato y Suzuki fueron retenidos durante 26 días después de su arresto en junio de 2008, decisión que fue criticada por el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ya que, en su opinión, vulneraba sus derechos fundamentales y estaba políticamente motivada.

A continuación, se inició un proceso judicial que ha durado dos años, durante los cuales los oficiales y la tripulación de la compañía ballenera "se han contradicho en declaraciones cruzadas sobre las pruebas existentes sobre la malversación de fondos".