El gobierno local de Gasteiz (PSE-PNV) busca ya ubicaciones alternativas en locales de su propiedad para trasladar allí los servicios municipales emplazados en la calle San Antonio 10, unos espacios alquilados por el Ayuntamiento a la empresa Sbayre -propiedad de Gonzalo Antón- desde 2007 por un periodo de 20 años.
Según han confirmado este martes fuentes municipales, el Consistorio no renovará este gravoso y polémico contrato cuando expire el próximo febrero de 2027, por lo que procederá a sacar en los próximos meses de San Antonio tanto la oficina de atención ciudadana como el Servicio municipal de urgencias sociales (SMUS) y la oficina de la Síndica, con entrada en este último caso por el parque de la Florida.
Lo que es seguro, según han subrayado los mismos medios, es que estos recursos no se ubicarán en las oficinas municipales de San Martín.
"Absolutamente abusivas"
Precisamente ayer, el grupo municipal de EH Bildu instó al ejecutivo municipal a buscar "ubicaciones nuevas" para los servicios emplazados en los locales de San Antonio.
A menos de un año de que expiren este polémico contrato de arrendamiento y sus condiciones "absolutamente abusivas", la coalición soberanista reclamó al ejecutivo "un posicionamiento claro" y que "priorice el interés general", tras haber desembolsado el Consistorio más de 6 millones de euros por estos espacios durante estas casi dos décadas.
Alternativas
Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu en Vitoria, propuso o bien reubicar los servicios situados en San Antonio en otros locales municipales -como primera opción- o bien en propiedades de terceros con nuevos alquileres, pero "cumpliendo los criterios de contratación pública", como son los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia.
La coalición va a preguntar mañana al gobierno acerca de sus intenciones en la comisión municipal de Hacienda y a reclamar el actual inventario de bienes del Consistorio para conocer la disponibilidad de locales. Visto lo visto, el Ayuntamiento ya ha tomado la decisión más importante al respecto, que es zanjar su relación con Sbayre.
"Es hora de acabar con esta situación", remarcó Vitero, antes de recordar que la comisión de investigación abierta en 2013 en el Ayuntamiento sobre este caso ya determinó que se produjo "un trato de favor" por parte del gobierno local de entonces, encabezado por el popular Alfonso Alonso, hacia la empresa de Antón.
El contrato, más allá de estipular unas mensualidades de 12.500 euros más IVA con actualizaciones del IPC "que añadían hasta un 9%", contaba además con una cláusula de blindaje que exigía una permanencia de 20 años u otra que obligó al Consistorio a pagar las obras de adecuación de los locales.
La conclusiones finales de la comisión fueron suscritas no solo por los grupos políticos que ahora sustentan al gobierno y EH Bildu, sino también por la Secretaría General y el jefe de los servicios jurídicos del Consistorio.
"Ha quedado acreditado que todas las cláusulas benefician a la empresa propietaria", subrayó Vitero, antes de reclamar al ejecutivo municipal "no repetir los errores del pasado". "Hagamos bien las cosas", zanjó.
