La muerte sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, pero cada vez más personas quieren dejar por escrito cómo desean ser atendidas cuando llegue ese momento. Para ello existe el documento de voluntades anticipadas, también conocido como testamento vital.
El pasado 19 de septiembre, la asociación Bizan de los Herrán organizó en Vitoria una charla dedicada a esta herramienta legal, impartida por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
Su coordinadora en Álava Cristina Valverde explica en esta entrevista a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA en qué consiste este documento, por qué no debe confundirse con la eutanasia y qué avances y dificultades existen hoy en Euskadi para registrarlo. Valverde, que lleva años trabajando por el derecho a una muerte digna, insiste en que se trata de una cuestión de derechos sanitarios y de libertad personal: “Cada persona debería poder decidir cómo quiere ser atendida en el final de su vida”.
Los datos reflejan un interés creciente. En 2024 se registraron 11.782 documentos de voluntades anticipadas en Euskadi, de los cuales 1.871 correspondieron a Álava. Una cifra que sitúa a la comunidad en segundo lugar del Estado en número de registros por cada 1.000 habitantes. Además, contrariamente a lo que suele pensarse, la mayoría de estos documentos no los firman personas muy mayores, sino quienes tienen entre 45 y 65 años.
¿Qué es el documento de voluntades anticipadas?
–Es algo totalmente diferente a la eutanasia. El documento de voluntades anticipadas sirve para dejar por escrito cómo queremos ser atendidos cuando ya no podamos expresarnos. Puede incluir decisiones sobre tratamientos, cuidados paliativos, sedación… La eutanasia, en cambio, es otra prestación regulada por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), que solo se aplica en supuestos muy concretos. En este caso, el documento de voluntades anticipadas es un documento legal y personal que solo entra en vigor cuando la persona pierde la capacidad de decidir o de comunicarse. Mientras podamos expresarnos, prevalece lo que digamos en ese momento. El testamento vital es modificable, obligatorio de respetar para los equipos sanitarios y muy útil para evitar dudas o sufrimiento en las familias.
¿Se está realizando mucho en Álava?
–Sí, cada vez más. En 2024 se registraron 11.782 documentos en Euskadi, de los cuales 1.871 en Álava. Esto supone una media de trece al día en este territorio, y nos sitúa en segundo lugar del Estado en número de registros por cada 1.000 habitantes.
¿Qué perfil tienen las personas que lo elaboran?
–No son solo personas mayores, como a veces se cree. La mayoría tiene entre 45 y 65 años (43%), seguidas por quienes tienen entre 66 y 75 años (33%). Cada vez más gente en torno a los 40 se da cuenta de que la vida no es eterna y prefiere dejar por escrito sus últimas voluntades. Eso da tranquilidad a ellas mismas, a sus familias y al personal sanitario.
En 2024 se registraron 11.782 documentos en Euskadi, de los cuales 1.871 en Álava. Esto supone una media de trece al día en este territorio, y nos sitúa en segundo lugar del Estado en número de registros por cada 1.000 habitantes
¿Qué obstáculos existen a la hora de registrar el documento?
–Hay dos grandes problemas: la falta de información en los centros sanitarios y las largas esperas para tramitarlo en la Delegación Territorial de Sanidad, que pueden llegar a nueve o doce meses. Es un plazo inasumible en situaciones graves. Por eso pedimos vías más ágiles y campañas informativas en centros de salud, como se hace con otras cuestiones de salud pública.
¿Se podría mejorar el proceso con la participación de otros profesionales?
–Claro. En Navarra, por ejemplo, las trabajadoras sociales colaboran en la tramitación y eso ha hecho que sea la comunidad con más documentos registrados. Esa vía sería muy útil también en Euskadi.
¿Qué mensaje principal quiere transmitir a la ciudadanía?
–Que el documento de voluntades anticipadas, los cuidados paliativos, la sedación y la eutanasia son cosas diferentes pero complementarias. Y que el documento es una herramienta personal, legal y modificable, que asegura que se respeten nuestras decisiones cuando ya no podamos expresarlas. La ciudadanía tiene derecho a conocerlo y a utilizarlo con libertad.
